Cuando se le propuso al doctor Mariano Germán Mejía ocupar la presidencia de la Suprema Corte de Justicia, éste rehusó aceptar el cargo, alegando que tenía un exitoso ejercicio profesional, y que la posición le causaba problemas a sus hijos abogados que, eventualmente, se verían precisados a no usar la toga y el birrete, para evitar acusaciones de tráfico de influencia.

“Si tú me ves por televisión en el grupo de abogados que son evaluados para aspirar a jueces de la Suprema, puedes estar seguro de que seré el próximo presidente de ese tribunal, le dijo el magistrado German a un íntimo amigo abogado, nacido por los lares del Sur profundo. Y así ocurrió.

El Poder Judicial padece, desde hace décadas, de deficiencias troncales que han sido difíciles de superar, por múltiples factores que van desde jueces incapaces y a la falta de recursos para obtener una buena administración de justicia en aras de garantizar la paz social. De los tres poderes del Estado, la justicia siempre ha sido considerada como la cenicienta.

No es posible que en esta época, donde se pretende dibujar un panorama de modernidad, se imparta justicia en un furgón, cuya utilidad es para transportar cargas y es un compartimiento totalmente cerrado, donde la ventilación es muy escasa. El Tribunal de Atención Permanente de la provincia de Santo Domingo funciona en el interior de esta pieza, que sólo sirve para trasladar equipajes que entran y salen por los muelles del país.

Un abogado murió mientras postulaba en el furgón de referencia y la juez que presidia el tribunal, tuvo que salir rápidamente y recibir auxilios, debido a que se estaba asfixiando. Aún con estos trágicos sucesos, continúa allí estacionado, en un amplio solar, la famosa furgoneta donde se conocen las medidas de coerción a los imputados de infracciones penales.

El atraso secular de la justicia es uno de los retos principales del magistrado Germán Mejía, quien posee una indiscutible capacidad académica y un inveterado y fecundo trabajo en el ejercicio de la abogacía, y una larga labor docente, que lo acreditan para hacer la persona indicada en este momento, y en la próxima evaluación de los jueces de la Suprema, para mantenerse en el cargo.

Una justicia tardía es una justicia denegada. Ley 821 de Organización judicial establece plazos a los jueces para fallar los expedientes, luego que las partes han concluido al fondo. Esa misma normativa, contiene sanciones contra los magistrados que no cumplan con la misma, pero su contenido es letra muerta. Tal situación ocurre en la Jurisdicción Inmobiliaria, donde la ley les otorga dos meses a los juzgadores para emitir sus decisiones.