Los Tucano y Odebrecht

Ha debido bastar con la cantidad de aviones y la diferencia de precios en comparación con otros países para iniciar la investigación sobre la compra que se hizo en 2009 de los ocho Súper Tucano para perseguir el narcotráfico. Pero ni siquiera a Francisco Domínguez Brito, que no votó por el préstamo de 93,6 millones de dólares cuando era senador porque consideró excesivo el número de naves, se le ocurrió, cuando ocupó la Procuraduría General de la República, profundizar en la transacción, a pesar de que ya circulaban rumores de sobrecostos. Si la empresa brasileña que vendió los aparatos no declara en Estados Unidos que pagó 3,5 millones de dólares en sobornos para asegurar el proceso por aquí nada se hubiera sabido.
El caso ha vuelto sobre el tapete tras la homologación de un acuerdo a través del cual la compañía se compromete a resarcir al Estado con siete millones de dólares, que equivalen al doble de lo que admitió haber erogado en sobornos, a identificar y detallar el monto entregado a los presuntos beneficiados, así como el mecanismo utilizado para distribuir el dinero. También asumió el compromiso “con absoluta seriedad” de señalar a los intermediarios o personas interpósitas, dando a conocer las cuentas bancarias, órdenes de transferencias, registros contables, correos, comunicaciones relativas a la operación y cualquier otro dato sobre tales fines. Más responsable no puede ser el convenio para transparentar o establecer responsabilidades sobre una transacción que en modo alguno debería quedar impune.

Lo que está por ver es si con el caso de los Tucano no pasará lo mismo que con el escándalo de Odebrecht. La compañía constructora se comprometió a través de un acuerdo a proporcionar toda la información relativa a los pagos ilegales para la asignación de obras, pero al menos hasta hoy al único que se ha identificado es al empresario Ángel Rondón como presunto intermediario en la distribución de los recursos. Rondón se ha defendido señalando que el dinero que le entregó la constructora no era para sobornar a ningún funcionario ni legislador, sino honorarios por sus servicios. Las múltiples interrogantes que se han planteado es lo que ha motivado a acreditadas entidades a solicitar que en el proceso se cite a representantes de Odebrecht para que detallen el mecanismo, los montos entregados y los nombres de los favorecidos.

En el caso de los Tucano las expectativas se diluyeron desde que el Ministerio Público solo sometió a un pequeño grupo, excluyéndose al senador y el diputado que aparecían en la primera versión llegada del exterior. Además de que tampoco aparecieron los varios legisladores que se dijo estaban implicados en el caso.