La Procuraduría General ha solicitado el auxilio del Ministerio de Defensa para realizar un operativo de detección e incautación de armas y drogas en la cárcel La Victoria, en lo que se interpreta como una reacción ante el enfrentamiento a principios de enero entre reclusos, con saldo de tres muertos y diez heridos.
Con una sobrepoblación de internos, esa penitenciaría es desde hace tiempo una especie de tierra de nadie, en cuyo interior ingresan armas de fuego, se fabrican cuchillos y machetes y se trafica con sustancias controladas a ojos, oídos y narices de carceleros.
No sería sorpresa si los equipos militares que requisan ese viejo armatoste encuentren macos y cacatas, aunque los inventarios serían rápidamente repuestos a menos que la reforma del sistema carcelario alcance a esa cárcel que ha sido cementerio de gente viva.
Con el propósito de poner fin a esa ignominia se construyó lo que debió ser el recinto modelo de La Nueva Victoria, donde serían trasladados los inquilinos de la vieja cárcel, que tendrían la condición de internos, pero ese complejo inmobiliario se deteriora sin uso ni propósito.
La procuradora general, magistrada Miriam German Brito, solicitó a la Cámara de Cuentas una auditoría financiera en torno a la construcción de esa edificación, pero esa previsión no debería ser óbice para que la Dirección Penitenciaria asuma su control y proceda a ponerla en funcionamiento.
Se resalta como positivo el operativo militar que procura incautar armas y drogas en la vieja cárcel La Victoria, pero esa iniciativa no tendría mayores efectos positivos sin que las propias autoridades procedan a desmantelar las mafias que proveen y permiten esos artefactos e insumos ilegales.
La cárcel de La Victoria constituye una afrenta al régimen de derecho, una mazmorra donde en vez de reeducar a los internos, se les condena a padecer un régimen de violencia y represión provenientes de bandas de reclusos, muchas veces en contubernio con autoridades.
Propicia es la ocasión para reclamar que el nuevo recinto de La Victoria sea habilitado e insertado en el régimen penitenciario, sin desmedro de investigaciones o experticias financieras y forenses sobre su construcción, porque urge borrar del mapa la vieja e infernal cárcel.
