Estados Unidos es usado como un referente al que acuden Gobierno, clase política y empresariado cuando se trata de comparar cualquier situación económica, social o política, sin que se tome en cuenta que esa es una nación desarrollada, por lo que el símil debería ser frente a otra sociedad semejante a la dominicana.

En ese afán se ha llegado tan lejos que el Código Procesal Penal, cuya reformulación procuró abrevar en textos europeos y latinoamericanos, concluyó con un ADN anglosajón o “Made in USA”, al igual que otras iniciativas aplicadas por vías de leyes o proyectos de la sociedad civil.

Mucho de bueno debe tener la evidente pretensión colectiva de parecerse a esa emblemática nación, cuna de la libertad, pluralidad y de la libre empresa, pero no parece sano que sólo se copie lo conveniente para cada cual.
Un magnífico referente de Estados Unidos que aquí debería asumirse al pie de la letra es la independencia de su Poder Judicial, capaz de afrontar a los más endemoniados intereses políticos, corporativos o sociales que se aniden en cualquier estamento de la Unión Americana.

El mejor ejemplo lo constituye la revocación dispuesta por un juez contra el veto migratorio impuesto por el presidente Donald Trump a los refugiados y nacionales de siete países, una sentencia que fue ratificada por un tribunal de apelaciones.

A la Casa Blanca y al Departamento de Estado no les queda más remedio que cumplir con ese fallo judicial, por lo que miles de inmigrantes con visado estadounidense viajan a Estados Unidos amparados en la ley y no en el prejuicio.

Trump ha advertido que “si pasa algo malo” por la suspensión de su veto migratorio, la culpa recaería sobre el juez que revocó esa orden ejecutiva y el tribunal que la ratificó, pero de nuevo, la Justicia impone su independencia, como lo hizo cuando virtualmente obligó al presidente Richard Nixon a renunciar por comprobada violación a la ley.

La sociedad dominicana debería siempre emular buenos ejemplos de otras sociedades, en especial cuando se trate de aquellos que fortalecen la institucionalidad, transparencia, debido proceso e independencia de los poderes públicos.