Las juezas del Tribunal Constitucional (TC) Isabel Bonilla Hernández y Katia Miguelina Jiménez han emitido sucesivos votos disidentes ante sentencias pronunciadas por ese cuerpo judicial en torno a los temas de nacionalidad y migración.
El primer voto contrario fue emitido frente a la sentencia 168-13, que niega la nacionalidad a hijos de inmigrantes indocumentados, y el otro se ha producido frente a la revocación de la decisión de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia de San Pedro de Macorís, que ordena a la Junta Central Electoral (JCE) entregar cédula a 28 descendientes de haitianos.
La magistrada Jiménez sostiene que el TC avaló que la Junta violara derechos tales como de la dignidad humana e igualdad ante la ley y la no discriminación, mientras la magistrada Bonilla alega que esa decisión viola el artículo 3 de la Convención Americana de los Derechos Humanos que consagra que toda persona tiene derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica. El asunto va para largo.

