La polvareda que se ha levantado por el fideicomiso de las plantas de Punta Catalina se la puso en bandeja de plata al presidente Luis Abinader para ratificar una de sus valiosas cualidades, que escucha, y de paso para corregir y aclarar algunos aspectos del proyecto, como los fideicomisantes adherentes, que lo oscurecen.

Pero también para sustentar la iniciativa con una ley, que al no existir, se corría el riesgo de que la pieza, de ser aprobada, fuera declarada inconstitucional.

Otros detalles que no se pueden obviar son la oportunidad para dilucidar el misterio del real costo de la termoeléctrica a través de una auditoría, así como auscultar el sentimiento de la población sobre la realidad nacional. Muchos que se levantaron contra el fideicomiso no saben en qué consiste la figura, limitándose a repetir que el proyecto es una ventana para que el sector empresarial se apodere con el tiempo de las instalaciones. En la oleada confluyen, sin que nadie se llame a engaño, intereses políticos, manipulación, ignorancia y falta de explicación.

Al quedar demostrado que las buenas intenciones son insuficientes por sí mismas, el Gobierno tiene la oportunidad de revertir las críticas a través de una campaña para explicar los beneficios de poner a buen resguardo la obra más costosa construida en el país. El Presidente, que ha demostrado que solo busca servir a la nación, fue enfático al garantizar que la termoeléctrica no se privatizará.

Sin embargo el mecanismo que ha buscado para su preservación como patrimonio público ha rebotado por la poca claridad y un evidente disgusto en la población, atizado por la hegemonía asignada a representantes del sector privado y no a politiqueros. El caso es hasta irónico, porque cuando el empresario apoya a los candidatos significa confianza, pero si se le coloca en un puesto que demanda su competencia surge la desconfianza.

El atolladero, del cual se ha salido bien parado, es una oportunidad para reflexionar sobre el actual escenario social y político. En todo caso el Gobierno no fue el único afectado por la objeción, aunque sin duda le cupo la mayor parte, sino los legisladores de oposición que después de aprobar el fideicomiso en la Cámara de Diputados se replegaron e incluso se sumaron, tratando de limpiarse, a la embestida de la opinión pública. Los empresarios, que han sido tan permisivos o parte de la corrupción pública, tienen que mejorar su imagen.

En definitiva, todo el revuelo sobre Punta Catalina evidenció una opinión pública también dolida por la impunidad con los sobornos que se pagaron para su construcción, la enajenación de las empresas de Corde, de los ingenios del CEA y otros bienes estatales. Son de las conclusiones que tienen que verse.