El cuatro por ciento del Presupuesto para educación ha sido una de las consignas más coreadas en los últimos por la sociedad civil. Pero como muchos escándalos públicos, que se evaporan como la lluvia que cae al mar, de esa misma forma se ha diluido un reclamo que no ha pasado de fenómeno de moda.

El problema no es el monto que se asigne a educación, sino la orientación. El 4 por ciento puede resultar insuficiente de utilizarse para pagar botellas o en obras irracionales.

De no ser así el déficit de unos 656 millones de pesos que tiene al borde del abismo el Seguro Médico para Maestros (Semma), atribuido a irregularidades administrativas, y el oneroso botellerío que sacó a relucir una auditoría de personal auspiciada por el Ministerio de Educación, no fueran dos ejemplos contundentes. Salvo alguna declaración aislada los escándalos, no obstante su gravedad, no han tenido ningún efecto; han quedado como si no hubieran ocurrido.

Pero, más que establecer responsabilidades sobre el astronómico déficit del Semma, atribuido a operaciones con tinte de corrupción, la cantaleta ha sido el 4 por ciento del Presupuesto para educación, como si la asignación en sí fuera suficiente para conjurar los males e impulsar la calidad de la enseñanza. Y pensar que el Semma comenzó tan bien que llegó a contar con dos hospitales en Santo Domingo y en Santiago.

Si lo que se presume como un desfalco ha quedado en el aire, también lo está el escándalo sobre lo más de mil empleados que figuraban como maestros o en posiciones que no desempeñaban.

La impunidad se ha impuesto incluso con el silencio de los más llamados a exigir una aclaración. Esos casos indican que sin un saneamiento cualquier incremento del presupuesto a la cartera educativa puede resultar insuficiente para mejorar la calidad de la enseñanza.