Hombres que asesinan mujeres se suicidan para no enfrentar el escarnio público, la sanción judicial y su propia conciencia, lo que indica que para prevenir feminicidios se requiere de un esfuerzo integral de poderes públicos y sociedad centrado en defender la integridad de la familia.

Entre muchos factores de orden social, jurídico y económico en la creciente espiral de violencia de género, se sitúa la crisis que padece la institución familiar, como lo demuestra el dato de que en seis meses se han emitido más de 14 mil órdenes de alejamiento contra individuos que agreden o intentan agredir a mujeres.

Tan acelerado ha sido el declive del núcleo familiar que el legislador ha tenido que equiparar la unión informal entre una pareja con los efectos jurídicos del matrimonio formal, con lo que se conjura la figura del “concubinato” y de los hijos “naturales” o “reconocidos”, que en virtud de la ley son hoy hijos legítimos.

Más de dos mil 300 mujeres que cada mes gestionan de un juez o de un fiscal órdenes de alejamiento contra hombres despechados que albergan intención de agredirlas o asesinarlas, es apenas una muestra de otras miles que bregan cada día en silencio con la angustia y el temor de morir a manos de su pareja o expareja.

Las miles de niñas y adolescentes que se convierten en madres prematuras agredidas sexualmente por adultos sufren también brutal forma de violencia física y psíquica que se expresa en el propio parto, en la deserción escolar y alejamiento del núcleo familiar.

Ese drama de feminicidio y violencia de género sólo puede ser afrontado con éxito de forma conjunta por el Estado y la sociedad, a través de políticas públicas e iniciativas privadas que contribuyan al fortalecimiento dela familia, a la prevención y sanción de ese ilícito penal que es también un agobiante flagelo social.

La sociedad dominicana requiere con urgencia un activo y efectivo involucramiento en la promoción de valores éticos y morales que contribuyan al fortalecimiento de un núcleo familiar hoy severamente diezmado por antivalores e inequidad económica y exclusión social.

Además de aplicación de la ley penal y de normas procesales de prevención de crímenes asociados a violencia de género, se requiere de políticas públicas que generen empleo, calidad educativa, promoción del deporte y la cultura, seguridad ciudadana, vivienda, salud y sana recreación, protección a los menores, y promoción de la familia.