Llega con diez meses de retraso el decreto del presidente Luis Abinader que restringe los viajes al exterior, compra de vehículos de lujo, remodelaciones de alto costo, agasajos, celebraciones, donaciones y obsequios en la Administración pública.

Esas medidas, incluida la prohibición de usar vehículos oficiales durante los fines de semana, de franqueadores y la reducción en al menos un 50% de policías y militares asignados a instituciones y particulares, debió emitirse en los primeros días después de la juramentación del jefe de Estado, el 16 de agosto de 2020.

El presidente Abinader recibió un gobierno con la economía colapsada a causa del surgimiento de la covid-19, cuyo Producto Interno Bruto (PIB) se precipitó a un -29.4%, con un millón 114 mil trabajadores formales suspendidos por sus empleadores, por lo que ese era el momento oportuno para restringir el gasto.

Se resalta que en el decreto 396-21 se prohíben los viajes al exterior de servidores públicos que no cuenten con autorización previa, lo que pondría fin a salidas recurrentes de no pocos ministros, viceministros y directores generales que tenían siempre un pie aquí y otro en el extranjero.

En momentos de crisis pandémica y afectación económica se saluda el interés del mandatario en desalentar el dispendio en que incurren algunos funcionarios muy acostumbrados a regalar lo que no es suyo, la mayoría de las veces para beneficiar a los suyos.

El uso indiscriminado de franqueadores por ministros y funcionarios subalternos es herencia del pasado que todavía irrita a la ciudadanía cada vez que un franqueador detiene el tránsito para ceder paso a algún petulante sin motivo de urgencia ni emergencia.

Aunque con prolongado retraso, el decreto presidencial que establece reducciones en diversos gastos en la Administración pública, además de retornar a los cuarteles al 50% de policías y militares en funciones de servidumbre, se acoge como bueno y válido.

Esa disposición se asume también como un buen mensaje del Poder Ejecutivo en víspera del inicio de la discusión en el Consejo Nacional de Desarrollo en torno a la aprobación de un pacto fiscal que entraría en vigencia en 2022. Es mejor tarde que nunca.