En el caso del estudiante Carlos Miguel Rossó, condenado a 15 años de prisión por heridas causadas con un machete a un supuesto delincuente, han aflorado aristas que, si es como se ha explicado, cuestionan el sistema judicial.
Según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rossó hirió en un brazo con el machete de un vigilante a José Miguel Echavarría cuando supuestamente éste y otros jóvenes lo perseguían para despojarlo de una gorra por la calle Mónica, de Los Frailes.
Las lesiones a Echavarría, según la CNDH, curaban en tres meses. Aun así, el fiscal adjunto Francisco Antonio Camilo dictaminó que el estudiante fuera condenado a 15 años de prisión, lo que fue acogido por el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, presidido por la magistrada Deisy Indira Pimentel. La Procuraduría y la Suprema deben ordenar una investigación para establecer si el fiscal Camilo y la jueza Pimentel se excedieron en el caso del estudiante.
El Nacional
Es la voz de los que no tienen voz y representa los intereses de aquellos que aportan y trabajan por edificar una gran nación
