Muchos militares y policías no conocen otro método para detener o someter a violadores reales o supuestos de la ley que no sea la del gatillo. Ignorar una simple orden de detención es suficiente, como si se tratara de la peor de las agresiones, para tirar a matar.

Los ejemplos sobran, pero como muestra fehaciente está el caso del hombre que fue ultimado de un disparo por un militar porque supuestamente había desacatado una orden de detención en un retén en la Poza de Marigote, Laguna Grande, Villa Isabela, Puerto Plata.

Edilio Antonio Cruz viajaba en la yipeta Toyota Land Cruiser, placa G442484, cuando ocurrió el fatal suceso. Como desconocía otra acción para someter a un presunto violador, o tal vez por alguna orden superior, el agente usó su arma para hacer valer su autoridad. La investigación para establecer responsabilidades sobre el suceso es lo rutinario. Por supuesto que no puede quedar impune.

Pero el gran desafío que plantean sucesos como el de la Poza Marigote es desmontar esa cultura de disparar a matar por la menor simpleza. Los militares y policías no pueden constituir un peligro para la integridad de la ciudadanía.