A sabiendas de que los lectores de El Nacional son otra cosa, en la entrega anterior, de forma algo velada, pero consciente de que bastaba, dejé dicho que los principales culpables de la degradación en la comunicación oral que padece la sociedad dominicana, son los usufructuarios de las frecuencias del espacio radioeléctrico nacional, propiedad exclusiva del Estado dominicano.

No es posible entender que a punto de cumplirse el primer decenio del siglo XXI, precisamente el Estado, a través del órgano regulador de las telecomunicaciones, otorgue licencias para la operación de medios radiofónicos y televisivos sin antes determinar cuál es la instancia actualizada y efectiva que va ha fiscalizar el contenido de sus difusiones.

En principio, parecería que por ignorancia o por perversidad, se insiste en vivir de espaldas a la institucionalidad. Digo esto, porque lo que prescribe la recién proclamada Constitución dominicana, en el capítulo II, artículo 8 no sólo es entendible para cualquier minusválido mental, sino taxativo.

Este artículo dice : Es función esencial del Estado, la protección efectiva de los derechos de la persona, el respeto de su dignidad y la obtención de los medios que le permitan perfeccionarse de forma igualitaria, equitativa y progresiva, dentro de un marco de libertad individual y de justicia social, compatibles con el orden público, el bienestar general y los derechos de todos.

No obstante, eso es letra muerta. En este país, nadie hace cumplir las leyes ni los reglamentos que nos legara el legislador, precisamente para evitar las afrentas que hoy avergüenzan a los dolientes de nuestra identidad.

Pienso que no es ocioso recordarles a los usufructuarios de las frecuencias, que ellos no son sus dueños, y que las transmisiones que hacen a través de ellas, están condicionadas al buen uso del habla que nos identifica como pueblo con tradiciones propias de costumbres ancestralmente sanas. Y que no hay derecho a transgredir las normas éticas y culturales.