Santo Domingo.- La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) incorporó este jueves otras pruebas en el juicio que se sigue a seis imputados por los millonarios sobornos en dólares que pagó la empresa Odebrecht para lograr adjudicación de obras en el país.

La fiscal de la Pepca, Mirna Ortiz, explicó que en la audiencia de este jueves incorporaron documentos sobre las empresas a nombre del señor Juan Roberto Rodríguez, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa).

La magistrada Ortiz enfatizó en que el tribunal admitió la incorporación de todos los documentos de la Cámara de Comercio relativos a esas firmas.

El tribunal, integrado por las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo dispuso la continuación del juicio a partir de las 2:00 de la tarde.

Mientras, en la audiencia de hoy fueron incorporadas las pruebas con los testigos número 13 y 14 del Ministerio Público, Anny Puello, quien ya concluyó su comparecencia, y Julián Rojas, quien continuará testificando estas tarde.

El titular de la Pepca, procurador adjunto Wilson Camacho, quien encabeza el equipo litigante que representa al Ministerio Público en el juicio, el cual está integrado por la magistrada Ortiz y otros fiscales de ese órgano, quienes procuran demostrar a través de sus testigos, 28 en total, la vinculación de los imputados con los sobornos de la constructora brasileña.

El juicio se sigue en el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional en contra de Rodríguez Hernández, así como de los imputados Ángel Rondón Rijo, Víctor Díaz Rúa, Andrés Bautista García, Tommy Galán y Conrado Pittaluga, acusados de recibir y distribuir sobornos de los US$92 millones que Odebrecht admitió haber pagado para ser favorecida con obras estatales.

Con las pruebas que el Ministerio Público está incorporando en el proceso procura demostrar que los encartados se enriquecieron de manera ilícita, producto de sus actividades con la multinacional brasileña, en violación al Código Penal Dominicano, la antigua Ley 72-02, sobre Lavado de Activos, y la Ley 448-06, sobre Soborno.