Luego de la visita del FMI a nuestro país ha quedado un suspenso latente sobre la sugerencia implícita de que la Reforma Fiscal que recién nos estrenamos no será lo último que recaerá sobre los que siempre pagan. Un aumento importante de la tarifa eléctrica y una nueva reforma fiscal en un futuro no distante son muy probables, ya que se requieren cambios estructurales en la forma de operar de nuestra economía para evitar que dentro de unos dos o tres años volvamos a estar en las mismas. Curiosamente, los cambios deben necesariamente impactar al sector privado.

Según las informaciones de organismos públicos y privados, se estima que la economía informal en la República Dominicana compone la mitad del total de la economía, esa enorme porción no tributa pero sí impone cargas sobre el presupuesto. La otra mitad de la economía se entiende como formal, pero una parte significativa de esta se mantiene por medio de prácticas monopólicas o creando cárteles entre empresas que en teoría deberían competir entre ellas, esto desincentiva la formalidad, las inversiones, la creación de empleos adecuadamente remunerados y limita su crecimiento como porción del PIB, por ende afectando las recaudaciones e imponiendo cargas al presupuesto.

En República Dominicana es perfectamente aceptable que grupos de productores o industriales se junten y públicamente fijen sus precios. En República Dominicana, Ambev se pudo dar el lujo de comprar a Cervecería Nacional Dominicana, su único competidor en el mercado local, y que ante la creación de ese monopolio nadie dijera siquiera ji. En República Dominicana realmente se considera cobrar un impuesto para otorgar facilidades a otro monopolio, en vez de directamente desbaratarlo. En República Dominicana se arrastra un problema histórico porque simplemente no se puede desbaratar un cártel.

Por el otro lado en República Dominicana no obstante la impresionante informalidad de su economía se da el lujo de tener un impuesto de 29% sobre la renta a personas morales. En República Dominicana por tarifas puestas al ojo porciento por entes públicos o semi-públicos, el costo de formalizarse es cerca de un tercio de la renta anual promedio por persona, o algo más de 10 salarios mínimos. En República Dominicana es cada vez más popular transferir los costos de recaudación al sector privado que es obligado a asumir más obligaciones de retención. En República Dominicana se permite que los cárteles depriman sus precios para sacar nuevos competidores.

Mitad y mitad, la economía dominicana está tan mal estructurada que se autoimpone serias limitaciones para crear empleos, ofrecer salarios más competitivos, crecer y distribuir de forma más adecuada y justa la feroz carga tributaria. Yo personalmente entiendo que ese es el mayor y más importante problema que enfrenta la República Dominicana, y reconozco que tengo altas reservas de que en algún momento pueda ser resuelto.

Su solución implica mucha voluntad política, y virtualmente cambiar toda una cultura que se viene arrastrando por siglos. En vez de un Estado interventor, o regulador, tengamos un Estado facilitador que comprenda que es muy poco lo que puede hacer para incidir positivamente en la economía y mucho lo que puede hacer para hacerlo negativamente. Y que en vez de un sector privado orientado a lucrarse de los privilegios, este aprenda que el éxito se logra compitiendo. Quizás allí tengamos menos reformas y ajustes, y buenas recaudaciones y creación de riquezas, cuando dejemos de poner el buey detrás de la carreta.