La Fiscalía de Santo Domingo evaluará a partir del martes la denuncia hecha por el Instituto Dominicano de Aviación Civil (IDAC) y la Junta de Aviación Civil (JAC) contra la línea aérea Pawa Dominicana, por incumplimiento en el pago de US$7 millones por concepto de impuesto de las tasas aeronáuticas y aeroportuarias.

La fiscal Olga Diná Llaverías, quien fue apoderada por la Procuraduría General de la República para investigar el caso, explicó que en el transcurso de la semana lo analizará para realizar las diligencias procesales necesarias y determinar si la misma tiene méritos para formular imputación.

Diná Llaverías recibió el expediente de la denuncia el viernes alrededor de las 11:00 de la noche.

“A partir de la semana entrante se analizará y se determinarán las primeras diligencias de la investigación a realizar”, precisó la fiscal de la provincia Santo Domingo.
Dijo que se está en la etapa de análisis de la denuncia y que por el momento es extemporáneo ofrecer detalles del caso.

“Dependerá de su contenido e imputación ahora es extemporáneo tocar cualquier tema atinente, pues estamos en proceso de análisis de la misma”, sostuvo.

Apoderan del caso
El procurador general Jean Rodríguez remitió el viernes a la Fiscalía de la provincia Santo Domingo el expediente contentivo de la denuncia del IDAC y la JAC contra Pawa Dominicana, por presunta distracción de fondos e incumplimiento de los pagos de las tasas aeronáutica y aeroportuaria.

La instancia, presentada al Ministerio Público el pasado mes de marzo, por los directivos de las citadas instituciones, Alejandro Herrera y Luis Ernesto Camilo, señala que la aerolínea desviaba esos recursos a otro destino.

Consecuencia
Como consecuencia del alegado incumplimiento, el IDAC suspendió las operaciones de la aerolínea durante 90 días, afectando con la decisión más de 12 mil pasajeros a los que tuvo que reembolsar cerca de 27 millones de pesos a las personas que habían adquirido boletos aéreos y no pudieron volar debido a la suspensión.

Pawa Dominicana inició sus operaciones en el país el 14 de agosto del 2015 con cinco aviones y con vuelos directos hacia Aruba, Curazao y St. Marteen, pero antes de la suspensión la empresa solo tenía certificadas dos de esas aeronaves.

Problema financiero
El pasado 30 de enero los ejecutivos de la aerolínea admitieron que esa empresa confrontaba una crisis financiera, al contraer una deuda de US$7,800,000, de los cuales US$4.8 millones corresponden a 12 mil pasajeros y los otros tres millones divididos en partes iguales entre el IDAC y Aerodom.

Los querellantes expresaron que con la acción también resultaron afectadas, la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y la Seguridad Social, la empresa Aeropuertos Dominicanos (Aerodom), así como el Cuerpo Especializado en Seguridad Aeroportuaria y de la Aviación Civil, y otras instituciones del Estado.

La Procuraduría remitió la instancia a la Fiscalía de Santo Domingo, por ser la jurisdicción competente para conocer el caso.