Entre enero y octubre de este año, hubo 160 feminicidios, 75 ejecutados por parejas o ex parejas, mientras para el mismo período del año pasado, 168 mujeres fueron asesinadas, 73 de ellas, en feminicidios íntimos. Mirando las estadísticas de la Procuraduría General de la República, viene al pensamiento la Navidad que le espera a la familia de Barbarita, como le llamaban a Bárbara Carolina Amparo.

En este tiempo de reflexión, recordamos el crimen cometido contra esta joven madre y su hijo a punto de nacer, porque circulan versiones de una voluntad política nunca mejor dicho- para dejar la acción impune y proteger al feminicida, Roberto Antonio Jiménez, al parecer, cuadro político del PLD, con lazos fuertes en la Secretaría de la Juventud para New York, amigo íntimo de candidatos por ese partido y relacionado con una funcionaria que lo visita con frecuencia a La Victoria.

El crimen cometido por Roberto Antonio Jiménez recibió la sanción del homicidio involuntario por un tribunal que desconoce la violencia basada en el género, a pesar de que está tipificada por la ley penal dominicana, un error grave que es casi imposible de creer a primera vista. Todo, a pesar de las pruebas comprometedoras y testimonios opuestos a la versión del feminicida.

Los/as jueces/zas deben saber que, cuando una mujer muere violentamente a manos de su compañero y hay historia de violencia -y más si está embarazada- se sospecha siempre feminicidio.

Cuando hay referencias de control del acusado contra su víctima, como las reiteradas llamadas al teléfono, alejamiento de la agredida de familia y amistades, revisar la computadora de ella sistemáticamente, maltratarla verbalmente, se sospecha siempre feminicidio.

Cuando el cuerpo está lleno de moretones y equimosis, y la patología forense establece el mapa del martirio sufrido en el tiempo reciente y antes, se sospecha siempre de feminicidio.

Cuando el tiro es en la frente y producido a unos 10 centímetros de distancia, y es mortal por necesidad, se sospecha siempre de feminicidio.

Cuando la versión de un agresor cambia un par de veces y argumenta el famoso forcejeo, en el que el tiro se escapa y mata, se sospecha siempre de feminicidio.

Sobradas muestras para un tribunal que parece sólo vio la personalidad pública del agresor y quienes lo patrocinan desde el poder. Un tribunal que debiera estar respondiendo por tanta brutalidad jurídica y legal, como se hace cuando la sentencia favorece a un narcotraficante o a un blanqueador de dinero.

Para que la Navidad sea, necesitamos un Estado identificado y comprometido contra los asesinatos de mujeres, sobre todo en la Justicia. ¡Lo demás es bla, bla, bla!