Hemos oído mucho sobre el embarazo en las adolescentes, como un asunto complejo que abarca temas relativos a la pobreza, como amenaza al futuro de las madres a destiempo, a la inmadurez biológica de ellas, a los pocos cuidados de salud y en general, a una situación establecida a fuera del límite de un proceso de crecimiento sanos para ellas.

En estas condiciones, las niñas y adolescentes están en el centro de este problema cuando han sufrido abuso sexual y violaciones, vulnerables al embarazo, en una sociedad como la nuestra que muy poco las protege. Una situación que obliga a cualquier Estado a contar con políticas públicas de prevención de abuso y a considerar como condición de riesgo para el embarazo en adolescentes y para la explotación sexual comercial.

En nuestro país, en menos de una semana, hemos conocido dos casos de niñas violadas y embarazadas, una de 10 años, en San Cristóbal que aún se mantiene hospitalizada después de un parto encuadrado en la eclampsia sufrida; otra de 12 años, en Baní con un embarazo de 14 semanas, ambas violadas, la primera por un cuñado y la segunda se sospecha, por su padrastro. Además, el en programa radial, el Gobierno de la Tarde, del viernes 15 de febrero pasado, también se refirió el caso de una niña de 12 años, violada en Boca Chica, cuyo violador acababa de ser favorecido por un juez, con una fianza de veinte mil pesos. (En la Unidad de Atención especializada de la Fiscalía de Santiago, se reciben 7 casos de incesto al mes, una cifra para alarmar).

Desde hace tiempo, sectores que trabajan con las violencias basadas en género en el país, alertan acerca del número de violaciones sexuales a menores, muchas veces de menos de 10 años, de la incidencia de incesto y en general, del riesgo a que están sometidas las niñas y adolescentes, a partir de su vulnerabilidad por pobreza, cultura, violencia intrafamiliar y promiscuidad.

A pesar de ser un país signatario de convenios internacionales que nos obligan a atender a la niñez y adolescencia dominicanas, no acabamos de salir de las posturas y nos resistimos, la comunidad y nuestros gobernantes, a enfrentar este grave problema que nos afecta.

Faltan datos estadísticos de abuso y violaciones sexuales a menores de edad, de los embarazos en adolescentes producidos en este marco y desde Salud Pública, Educación y Justicia, establecer reglas claras del juego que prevengan y también castiguen, sin darle tregua a la impunidad establecida para los depredadores de esta niñez y adolescencia dominicanas.