Se ha sabido que no es tal el limbo jurídico en que se encuentra el caso de los inspectores de Migración, militares y civiles acusados de integrar una supuesta banda vinculada al tráfico de migrantes. Lo que pasa es que el Ministerio Público no ha podido sustentar la prisión como medida de coerción que ha solicitado contra los imputados. Y de ahí –según los informes- los incidentes y recusaciones para dilatar el proceso.

Ahora se saben cosas como que el principal acusado es un militar que no tiene siquiera el rango oficial, y que era un empleado de poca monta.

Además de que habría sido involucrado en el caso por un superior como castigo por diferencias. Pero después del escándalo que se creó el Ministerio Público no quiere cargar con el estigma de que el caso no prosperó por falta de pruebas. Y buscaría cualquier pretexto para demorarlo.

Por falta de indicios el proceso contra los imputados, quienes guardan prisión en el Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, está supuesto a caerse.