Por más conveniente que resulte, hay que cuidarse de exceder las expectativas sobre la solución al problema del tránsito con el proyecto de ley que cursa en el Congreso.

Lo mismo se había planteado con la ley orgánica de la Policía, que después de aprobada y promulgada los resultados no acaban de verse.

Es más, ni siquiera se ha aplicado. Para planificar el sistema de transporte no hay que esperar la aprobación de ninguna ley como la de movilidad, transporte terrestre, tránsito y seguridad vial.

Tampoco para la instalación de cámaras inteligentes para detectar a los infractores y ni siquiera para la sustitución de las chatarras que prestan servicio de pasajeros.

En la reforma tributaria de 2012 se habilitó un porcentaje en el galón de gasolina para modernizar el parque vehicular, ¿y qué ha pasado? Se trata de una decisión meramente administrativa, que solo requiere voluntad para enfrentar el problema. De leyes, incluso modernísimas, esté país está más que abastecido, por lo cual el problema es otro.