En vez de someter al país a un extendido estrés con el debate en el Congreso sobre primarias abiertas o cerradas, los partidos políticos deberían abocarse a un proceso de transformación interna que los ayude a convertirse en auténticos entes de promoción de democracia y no al rol actual de entidades al servicio de intereses personales o grupales.

El Senado aprobó ayer en primera lectura el proyecto de Ley de Partidos, que obligaría a esas organizaciones a escoger a sus candidatos en votaciones abiertas con derecho al sufragio de todos los ciudadanos inscritos en el padrón de la Junta Central Electoral (JCE).

La pieza tuvo el voto favorable de 24 senadores del Partido de la Liberación (PLD), en tanto que otros seis legisladores oficialistas y dos de oposición se retiraron del hemiciclo. Se prevé que ese proyecto confrontaría dificultades en la Cámara de Diputados, donde disidentes peledeístas y de la bancada opositora impedirían su aprobación.

Lo sensato sería que la dirección del PLD pueda arribar a un acuerdo en torno a ese tema que confronta a los seguidores del presidente Danilo Medina y del expresidente Leonel Fernández, al considerar que de su aprobación o rechazo dependería el futuro político de uno o de otro.

En caso de que el método de primarias abiertas se convierta en ley, la disidencia peledeísta y la oposición recurrirían al Tribunal Constitucional en procura de su anulación por supuestamente colisionar con el Texto Sustantivo, lo que agravaría ese debate partidario que posee preocupante vocación de convertirse en crisis política.

Quienes se oponen a primarias abiertas consideran que viola derechos constitucionales de los partidos políticos y de su membresía, mientras los que favorecen esa forma de escoger los candidatos a puestos electivos afirman que afianza la democracia, una contradicción que debería ser resuelta o esclarecida por el Tribunal Constitucional.

En los últimos 40 años, la clase política dominicana no ha podido garantizar la organización o celebración de elecciones internas concurridas y transparentes para escoger a sus respectivas dirigencias ni mucho menos para seleccionar candidatos a puestos electivos, por lo que ahora se carece de calidad para reivindicar el derecho a primarias cerradas.

Lo que debería debatirse no es si las primarias abiertas o cerras garantizan o conculcan derechos; sino si los partidos tienen capacidad de cumplir con su obligación de tutelar derechos a elegir o ser elegido en convenciones o primarias completamente libres. El problema no está en la sabana.