El presidente Luis Abinader está en lo correcto al afirmar y repetir que el Estado no aceptará a haitianos como refugiados, según la normativa internacional, y en respuesta al pedido de la Organización de Naciones Unidas (ONU), vía su agencia para refugiados, para ayudar a resolver la crisis en Haití.

En base a la propia Convención de la ONU sobre refugiados (1951), esta categoría jurídica se aplica a personas con “fundados temores de ser perseguidas por motivos de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas, se encuentre fuera del país de su nacionalidad”.

En el caso de la grave crisis que sufre el pueblo haitiano, sus nacionales huyen al territorio dominicano por razones económicas, no por algún tipo de persecución que les dé categoría de refugiados a la luz del derecho internacional, y penetran al Estado vecino como migrantes que buscan mejorar su vida.
La agencia de la ONU que ayuda a los que huyen de su estado original por temores citados en la convención de 1951, que es el Alto Comisionado para Refugiados (ACNUR), no debe insistir en que República Dominicana acepte haitianos en ese estatus ni muchos menos establecer campamentos de ellos aquí.

Gobierno y pueblo dominicanos han sido y son excesivamente solidarios con haitianos, acogiéndolos como migrantes económicos que huyen de miseria y se integran a actividades productivas, pese a su presencia mayoritaria como indocumentados con estatus irregular, es decir, extranjeros en la ilegalidad.

La categoría jurídica de refugiado no es compatible con la realidad de la presencia haitiana en el país, el Estado dominicano es soberano, como ha dicho el presidente Abinader, para definir condiciones de extranjeros en su territorio y tiene facultad incuestionable de deportar a los que estén en la ilegalidad. Y punto.