La nueva Ley para el Desarrollo del Mercado Hipotecario y el Fideicomiso es una muestra adicional de una República Dominicana ansiosa por emprender el vuelo sin haber aprendido a gatear. Si bien es muy probable que produzca el deseado dinamismo del mercado hipotecario local inyectándole mayor liquidez y participantes, la ley tendrá que ir emparchando sobre la marcha las deficiencias crónicas del mercado de ofertas públicas de valores, los registros y los mecanismos de supervisión, lo que aún, siendo logrado, no es garantía de que se puedan evitar desastres ampliamente conocidos.

En materia de promoción de los mercados hipotecarios, no parecen existir ganadores legislativos. Ni la flexibilidad regulatoria americana ni la rigidez española impidieron que sus intentos de promover la vivienda propia degeneraran en burbujas de activos que reventaron con las funestas consecuencias hoy conocidas. La ley dominicana da la impresión de ni siquiera sentirse aludida.

Si bien la ley 189-11 es muy vocal sobre la creación de instrumentos financieros, esta no parece muy motivada en atacar los problemas esenciales del mercado de valores, como la transparencia y la protección a los inversionistas. Todavía no hay mecanismos efectivos o creíbles de publicidad y seguimiento de la información económica fundamental relativa a los valores ofrecidos en el mercado de valores, que permitan tomar decisiones de inversión documentadas.

En el escenario local planteado por esta nueva ley donde en muchos casos, y muy especialmente para la inversión por parte de los Fondos de Pensiones, la calidad de los valores es determinada por el mismo ente que busca promover el desarrollo del mercado hipotecario (jugosas ganancias políticas de por medio), o sea, el Estado, lo que podría restar credibilidad a estos nuevos instrumentos ante los inversionistas serios.

Para la Superintendencia de Valores es excelente noticia que podrá seguir regodeándose de los montos transados en el mercado que de forma predecible incrementarán. Lamentablemente, el volumen de transacciones así como los participantes, es probable que se mantengan reducidos, ya que la ley queda centrada en favorecer a los inversionistas institucionales locales tales como los Fondos de Pensiones, las entidades de intermediación financiera y las compañías de seguros, sin poco o nada que ofrecer a inversionistas institucionales extranjeros o de segunda línea.

Debiera llamar la atención que en República Dominicana no se ha hecho la primera oferta pública de acciones, a pesar de que eso es normal en todo el mundo desde los 1700. Y es que los mercados de valores no se hacen para satisfacer las necesidades de los oferentes, sino para atraer inversores.

En esencia, la Ley para el Desarrollo del Mercado Hipotecario no plantea la creación de un mercado más incluyente, y puede que nunca haya sido la intención de sus promotores. Pero aunque la liquidez agregada le dará vitalidad para el negocio, seguimos teniendo pocas canastas para depositar los huevos, y muy poca gente dispuesta a comprarlos por no saber si son de gallina o codorniz.