Estamos en el umbral de un nuevo mercado fiduciario, cuya magnitud y peculiaridades demandan un estudio cuidadoso. Un instrumento de inversión, garantía y administración de recursos con posibilidades de conectar con otros más desarrollados.

La proyectada Ley de Desarrollo Fiduciario es una figura jurídica que retiene, para la distribución y beneficios posteriores, los activos de una empresa o persona.

Aprobada en el Congreso, fue observada por el Ejecutivo. Comprende el uso de los fondos de pensiones y otros recursos públicos, detalle que cuestiona sus propósitos en tanto coincide con la campaña electoral que se aproxima.

Liberar esos fondos como garantía fiduciaria e hipotecaria permite desarrollar ambiciosos programas de viviendas en beneficio de miles de familias si techo. Aspecto que nadie objeta si no fuera por las contaminantes e inevitables incidencias políticas.

Se trata, simplemente, de encargar o depositar unos bienes para que un ente, jurídica o persona, los disfrute en un tiempo posterior.

Actividad ya desplegada exitosamente en Brasil y Chile, cuyos resultados han modificado favorablemente las cifras en materia de comercio exterior de ambos países.

Ahora bien, estos negocios no están ajenos a las regulaciones recomendadas por Organización Mundial del Comercio [OMC], incluyendo seguros y servicios de resguardos de firmas aseguradoras y bancos norteamericanos y europeos de primera línea.

La ley que hoy se nos presenta tiene, por supuesto, sus riesgos de implementación, destacando entre estos el de la especulación.

Evitarlos en el plano local debe ser el primer paso a los fines de conectar con el exigente y avanzado mercado internacional.

Para sacar el tema del debate político es necesario aplazar su discusión después del 20 de mayo del 2012. Mientras tanto, es necesario emplearse a fondo en su reglamentación y estudiar las normas globales que lo regulan y favorecen.