Que el Ministerio Público anuncie que se investiga al presidente y los miembros de la Cámara de Cuentas por obstrucción para aclarar escándalos de corrupción evidencia la magnitud del desorden institucional que ha corroído al Estado dominicano.

Una entidad que está para auditar el uso de los recursos y evaluar los procedimientos es sospechosa de formar parte, según la Procuraduría General de la República, del tinglado de irregularidades que ha desnaturalizado la función pública.

Al informar que se investiga al presidente Hugo Álvarez Pérez y los demás miembros de la Cámara de Cuentas, el Ministerio Público no señaló casos específicos en que la entidad habría rehusado proporcionar datos sobre escándalos denunciados en instituciones.

Solo se limitó a señalar que Álvarez Pérez, el secretario Carlos Noés Tejada Díaz y demás miembros del organismo fiscalizador del Estado han sido interrogados “por obstruir la justicia al entorpecer indagatorias sobre corrupción en instituciones estatales”.

No para alimentar el morbo, pero debería informarse cuáles son los casos en que la Cámara de Cuentas ha rehusado contribuir a que se aclaren.