Odebrecht ha gritado con fuerza frente a la amenaza del Ministerio Público de rescindir el contrato de lenidad por la inasistencia de dos ejecutivos de la empresa al juicio contra los imputados por los 92 millones de dólares que pagó en sobornos.

Con el eco han reflotado interrogantes acerca de la investigación y el expediente en vista de que la compañía alega que proporcionó, como se comprometió, toda la información en su poder sobre los pagos ilícitos para la adjudicación de obras públicas.

Eso significa que el Ministerio Público no investigó o descartó los sobornos que documentó el Consorcio de Investigación de Periodistas Profesionales para siete obras que no figuran en el expediente y para la termoeléctrica Punta Catalina.

El procurador Wilson Camacho advirtió que se contemplaría la rescisión del pacto con la constructora brasileña por la inasistencia de sus ejecutivos Mauricio Dantas Bezerra y Rodrigo Maluf Cardoso al proceso contra los imputados. La reacción de la empresa pone también sobre el tapete la incógnita de por qué Dantas Bezerra es el principal testigo y no Marco Vasconcelos Cruz, quien era el representante de la firma.