La ex vicepresidenta Milagros Ortiz Bosch propuso este jueves la aplicación en el país de tribunales especiales, como los hay en otros países, para conocer los casos de narcotráfico y terrorismo.

La candidata a senadora del Distrito Nacional recordó a los jueces del país, responsables de la Justicia, que existen valores que deben ser defendidos y que hay momentos en que ser permisivo es un delito de lesa patria.

Ortiz Bosch dijo que la justicia se resuelve con la Justicia exacta, y lo que no puede ser un juez es permisivo, resaltando que lo justo no es permisivo.

Cuando usted tiene un crimen en las manos que en la sociedad todo el mundo lo conoce y usted sabe que la sociedad está gritando en contra de ese crimen, usted está en contra del narcotráfico, del lavado, usted está en contra del sicariato, este es un país con sicariato, este es un país que tenía dentro un contador del cártel de Sinaloa, señaló.

Asimismo, defendió el controversial Código Procesal Penal, afirmando que el mismo no es malo aunque reconoció la necesidad de modificarlo.

Recordó que cuando ese Código entró en funcionamiento habían 350 mil casos sin resolver en los tribunales, y los amigos que hoy están en el club de Najayo es gracias a el.

Entiende que al Código le falta la invención de sus instituciones y que se tomen medidas como las que ejecutó recientemente la Suprema Corte de Justicia de reglamentar la medida de coerción.

La ley es dialéctica, es cambio permanente; usted introduce una nueva ley, y cada cierto tiempo tiene que evaluar dónde hay que cambiarla, pero la Suprema, cuando presenta las normas para la coerción hace lo que tenía que haber hecho hace muchísimo tiempo, dijo.

En otro orden, Ortiz Bosch consideró que los fondos de que disponen los legisladores, que son conocidos como el barrilito distorsionan el papel del legislador, ya que usurpa funciones propias del Estado y no se dedica a hacer énfasis en la realización de los programas para lo que fue electo: representar a quienes votaron por él y a quienes no lo favorecieron, para hacer las leyes y para controlar al Estado, sobre todo la ejecución presupuestaria y el gasto público.