Los efectos políticos de la corrupción, cada vez más ruidosos y devastadoras, se han convertido en el aviso más contundente para los sectores de poder. Con la globalización hace tiempo quedó sepultada la otrora socorrida expresión de que lo que allá pegue que aquí no llegue. Si algo cabe frente al tsunami que ha derribado varios mandatarios por irregularidades en la administración de los recursos públicos, enriquecimiento ilícito de funcionarios o financiamiento electoral en violación de las leyes, es simplemente poner las barbas en remojo. El aviso no es solo para los gobernantes, sino para la oposición.
Como se ha visto en el caso de España nunca se está tan lejos y seguro de evadir los tentáculos de la justicia. La investigación del caso Gürtel, la trama de corrupción organizada por prominentes dirigentes del Partido Popular (PP) –y a través de la cual se benefició la organización con financiamiento ilícito-, se había iniciado hacía más de una década. Como el tiempo pasaba sin notorios avances en el proceso, el presidente Rajoy se permitió algunas ironías al señalar que la trama no había sido del PP, sino contra el PP. Pero ni siquiera con la histórica sentencia sintió su poder amenazado, negándose a renunciar siquiera para salvar su dignidad, porque confiaba tanto en la fortaleza de los suyos como en la lealtad de los aliados. Y ese fue su gran error.

Lo de España es un referente para República Dominicana. La dimensión de los delitos por los que se condenó a los imputados no se compara, ni por asomo, con el caso Odebrecht (sobornos, sobrevaluaciones y financiamiento de partidos y candidatos en elecciones), por solo citar el más sonado de los escándalos de corrupción. La Procuraduría General de la República, que se ha ufanado en afirmar que este es el país en que más se ha progresado en la investigación y garantizado un expediente acabado, tendrá que tener muy en cuenta la sentencia que le costó el poder a Rajoy y puesto tras las rejas a dirigentes políticos y exfuncionarios nacionales y regionales de la península ibérica.

El procurador Jean Alain Rodríguez, aunque solo se ha limitado a los sobornos admitidos por el consorcio, debe ponderar que el recurso a Rajoy no le resultó. Por supuesto, la diferencia puede ser que en España la justicia es independiente, pero por estos lares no se está exento del riesgo de que las exclusiones para encubrir a políticos, empresarios y funcionarios puedan rebrotar el día menos pensado en el exterior.

La realidad latinoamericana ha sido pródiga en buenos ejemplos que no hacen más que colocar al Ministerio Público en una disyuntiva. España ha sido un detonante con tanta repercusión como los casos de Ecuador, Perú y otros países.