La celeridad requerida para lograr la aprobación del ajuste fiscal y poder presentar cuanto antes el presupuesto correspondiente al 2013, dio al traste con la que parecía ser la intención del Presidente Danilo Medina de forjar un pacto fiscal tal y como lo requiere la Ley de Estrategia Nacional de Desarrollo. Sin embargo, el trago amargo que supondrá el impacto de la reforma fiscal sobre la sociedad pudiera ser mitigado si este convocara al mismo Consejo Económico y Social para en enero, con presupuesto y reforma aprobado, conocer un proyecto de reforma estructural del Estado.

La reciente convocatoria del CES no era el escenario para evaluar una reestructuración del gasto del Estado, porque inevitablemente se tendría que reestructurar el Estado mismo, lo que no se corresponde con la urgencia que evidencia el Gobierno con la reforma. El sector privado al parecer prefirió ignorar esto y perdió su oportunidad de tener alguna incidencia sobre el proyecto fiscal que finalmente salga aprobado. Ya ante la inevitabilidad de la reforma fiscal, el Gobierno puede tender un ramo de olivo convocando al diálogo para conocer de una reestructuración del Estado el año que viene.

El Estado Dominicano es un ente que se ha venido formando en parches desde que culminara la ocupación americana de 1918-1924. La práctica legislativa dominicana tiene una predilección de enfrentar los problemas del país especializándoles en leyes específicas, creando entes de siguimiento y estableciendo obligaciones pecuniarias a cargo del Estado para enfrentarlos. Naturalmente esto solo ha servido para crear duplicidades, entes inoperantes y contribuir al desorden institucional.

Por estas prácticas del legislador dominicano, hoy existen leyes que comprometen cerca del 70% del Presupuesto Nacional en asignaciones porcentuales de gastos en ciertas áreas específicas. Aunque el 4% del PIB a educación, 5% del presupuesto a la UASD, 10% del presupuesto a los ayuntamientos y demás slogans suenan todos muy bonitos, estos representan una rigidez del gasto estatal que traban cualquier intento racional de reestructurar el Estado de forma que este no sea un obstáculo al desarrollo requiriendo siempre más dinero.

Si al Estado Dominicano se le requiriera presentar un estado financiero es probable que luego de varios años tratando, este desista del intento. La realidad es que en gran medida ni el Estado mismo (incluyendo municipios) conoce la totalidad de sus activos, pasivos ni patrimonio, posiblemente hasta tenga dificultad en determinar de manera adecuada quienes son sus propios empleados y pensionados. Y esto no es un asunto de partidos, sino directamente de cómo nuestras instituciones se fueron formado.

Culminado el debate de la reforma y el presupuesto, el gobierno de Danilo Medina puede mostrar su voluntad de alcanzar los pactos establecidos en la Estrategia Nacional de Desarrollo, y al mismo tiempo demostrar que escucha los reclamos del sector privado y una buena parte de la opinión pública convocando al diálogo para reformar la composición y el gasto del Estado, tendente a forjar una ley que por un lado libere al Gobierno de rigideces presupuestarias insostenibles y que al mismo flexibilice la estructura institucional del Estado permitiendo de forma progresiva mejorar la calidad del gasto y reducirlo donde no sea necesario.