El anticipo del Impuesto sobre la Renta (ISR) es una aberración jurídica porque al cobrarlo la Administración Tributaria asume que la empresa cerraría el año con utilidades, sin establecer la posibilidad de que no genere beneficio, en cuyo caso se convierte en una penalidad fiscal.

Es por eso que se acoge como muy positiva la medida de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) de eliminar el pago del anticipo del ISR a las micro y pequeñas empresas, lo que supone un respiro para miles de emprendimientos empresariales afectados por esa especie de “pronto pago”.

De cada diez Pymes sólo tres logran alcanzar los tres años de operación, cuestión que se atribuye, entre otros factores, al cobro por adelantado de un impuesto con valor difuso e incluso aplicado a beneficios inexistentes, lo que merma el flujo de caja de esas empresas.

El dinero con que operan las Pymes es mucho más caro que los capitales de empresas convencionales porque generalmente tienen que acudir a un mercado financiero informal matizado por estrambóticas tasas de interés, además de lidiar con un pasivo costoso laboral.

El costo operativo de una Pymes resulta muy elevado con relación al capital de trabajo disponible, toda vez que incluye pago de alquiler de local, electricidad, agua potable, tesorería social, salario y acarreo de mercancías, a lo que se suma el cobro anticipado del Impuesto Sobre la Renta.

La eliminación del pago anticipado del ISR regirá para aquellas compañías que tengan menos de diez trabajadores y facturen por debajo de ocho millones de pesos al año, lo que constituye un respiro para miles de micro y pequeños empresarios que podrán acogerse al Programa Simplificado de Tributación.

Las Pymes no constituyen fuentes de evasión fiscal, por lo que en vez de excesiva fiscalización, lo que requieren es de aliento de las autoridades para poder abrirse paso en un mercado altamente competitivo y discriminatorio, para que puedan formalizarse y cumplir cabalmente con su rol de generar riqueza y empleos.