El pacto educativo, cuya firma hace siete años representó un acontecimiento nacional, se ha quedado corto en el diseño de una política educativa, además de muy poco lo que ha aportado en la mejoría de la calidad de la enseñanza.

Como si el acuerdo no existiera la politización del sistema educativo se ha mantenido, con el agravante del descenso de los índices de aprendizaje de que han dado cuenta las evaluaciones internacionales de los estudiantes.

Sólo esa realidad, sin incluir el contexto en que el coronavirus ha colocado la enseñanza, es suficiente para relanzar, como ha planteado Acción Empresarial por la Educación (Educa), el pacto educativo.

El 4% del PIB que se asigna desde 2013 para la educación básica se ha quedado mayormente en la construcción de aulas y gastos administrativos, sin traducirse en una sustancial mejoría de la calidad de la enseñanza.

Educa reconoce importantes logros en los últimos años en el sector educativo, pero la inversión ha sido tan cuantiosa que nadie puede engañarse con un balance objetivo. Por lo menos los sectores más representativos deben sentarse a examinar y retomar por lo menos los puntos más relevantes que no se han aplicado del pacto educativo.

El país ha entrado en una etapa en que su principal desafío es superar la actual crisis sanitaria y económica, sin relegar los obstáculos que obstruyen su desarrollo. El relanzamiento del pacto educativo planteado por Educa es un paso importante.