La intención podría ser la mejor, pero el proyecto de ley para proteger a los denunciantes de corrupción no deja de ser un simple paliativo, que tampoco surtirá el menor efecto frente al devastador flagelo. Antes que otra ley, algunas acciones pueden ser suficientes para combatir ese cáncer que tiene a República Dominicana entre los países con mayor nivel de impunidad.
Si en verdad está interesado en perseguir la corrupción, el diputado Angel Ramírez puede, además de legislar, encabezar una cruzada para que la Procuraduría General de la República y el Congreso investiguen siquiera las auditorías de la Cámara de Cuentas que han detectado graves irregularidades en el manejo de los fondos públicos.
El asunto no está en dar protección a quienes denuncien algún acto de corrupción, sino en que se actúe con responsabilidad y sin dilación frente a los escándalos detectados por entidades competentes. Si requiere de otro botón, la presidenta de la Cámara de Cuentas ha denunciado que muchos expedientes que involucran a funcionarios y exfuncionarios en irregularidades están archivados.
El Nacional
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