En poco más de 24 horas han muerto 16 personas, incluido nueve menores en accidentes de tránsito que pudieron evitarse con sólo impedir que choferes manejen borrachos, carreras de motociclistas en avenidas y autopistas y obligar a automovilistas y camioneros a cumplir las regulaciones de tránsito.

Los hospitales traumatológicos Darío Contreras, Juan Bosch y Ney Arias ya no dan abasto para atender el elevado número de conductores y pasajeros que ingresan con fracturas y lesiones mayores sufridas en accidentes de tránsito, que se han convertido en la primera causa de muerte en territorio nacional.

Calles, avenidas y carreteras son desde hace tiempo verdaderos infiernos y se ha llegado a decir que quien se monta en una guagua voladora, queda fuera de la gracia de Dios por el resto del día porque los conductores de esos vehículos guían como si fueran el Diablo.

De un día para otro, ocho adolescentes fallecieron al deslizarse el minibús que conducía un chofer borracho, en la carretera de Haras Nacionales; cinco jóvenes murieron al chocar de frente dos motocicletas en la carretera Sánchez, y otras tres personas perecieron al colisionar un carro y un camión en la autopista San Pedro-La Romana. Todos en algo más de un día

Es obvio que el caos que caracteriza el tránsito de vehículos ha degenerado en gran epidemia nacional, porque conductores irresponsables y desaprensivos de camiones, patanas, guaguas, carros y motocicletas matan más gente que las muertes causadas por el cólera y el VIH-Sida.

Lo peor es que frente a tan descomunal desorden, Gobierno, Ministerio Público, Policía y Justicia se baten entre cobardía, indiferencia, complicidad y negligencia, por lo que puede decirse que la República ha quedado subyugada al imperio de cárteles y mafias del tránsito y del transporte.

Ante la tragedia de Haras Nacionales, sin reparar que la muerte de ocho adolescentes tuvo como causa principal la embriaguez del conductor del vehículo accidentado, uno de los dueños del país minimizó el hecho al afirmar que se trató de un simple accidente.

Otro de estos empresarios del transporte, ante el reclamo de la Autoridad Metropolitana de Transporte (Amet) para que los motoconchistas usen casco protector, denunció una persecución oficial contra la clase motoril.

El Gobierno está compelido a imponer ley y orden en el tránsito, sin temor a amenazas de huelgas y paros.

Y si persiste el miedo, las autoridades deberían recabar pantalones en algún lado.