Por Hugo A. Ysalguez

(dr.hugoysalguez@hotmail.com).-

Las áreas protegidas de los bosques que constituyen reservas naturales, no pueden ser enajenadas por disposición de la Ley o decreto del Poder Ejecutivo, a fin de preservar nuestra flora y fauna de las depredaciones de los hombres cortando árboles, intentos de construir hoteles, fábricas de cemento y otros desmanes que atentan contra la supervivencia de nuestras riquezas forestales, afectando ríos, arroyos, aves endémicas y las cuencas hidrográficas.

Desde que se creó el Tribunal Constitucional, la mayoría de sus sentencias, por no decir la totalidad, han tenido un andamiaje jurídico incuestionable y una amplia aceptación de la sociedad que ha visto en esa alta corte, una protectora de los derechos fundamentales y de otras prerrogativas contenidas en la Carta Magna, y aunque los órganos jurisdiccionales del Estado no están para arrastrar aplausos, sino para actuar conforme a la ley, a fines de que resplandezca la justicia, dando a cada quien lo suyo.

El TC anuló un decreto del año 2011 que crea el Parque Nacional Manolo Tavares Justo para proteger las cuentas acuíferas de la Cordillera Central, por considerarlo contrario al principio de razonabilidad del artículo 40.5 de la Ley Sustantiva, lo que ha provocado grandes devastaciones en esa zona y el resurgimiento de los aserraderos, dejando una secuela inmensa de cortes de árboles de pino e incentivando la ganadería de montaña.

Muchos ambientalistas a la cabeza del doctor Luis Scheker Ortiz, han venido reclamando que el Poder Ejecutivo restablezca mediante decreto las áreas comprendidas en el referido parque, a fines de que la población y sus visitantes puedan disfrutar de su exuberante belleza natural no restituible, su inmenso paisajismo, la fertilidad de su suelo y todas las bonanzas que le regala la madre naturaleza.

Y sobre el tema nos escribe una breve carta, el economista José Café, desde Barcelona, España, la cual dice así:

“Hola Dr. Ysalguez:” “Muy atinada la denuncia. La recuperación del Suroeste y la línea Noroeste es el resultado de un proyecto de Estado Nación iniciado por Balaguer en el 1966 y continuado consistentemente por todos los demás gobiernos hasta la fecha.”

“Desde aquel momento y por la prohibición, la tala de árboles de madera, cuando se logra bajo cualquier artificio, se ha convertido en uno de los negocios más lucrativos del país. Y cuando un negocio da dinero, es difícil pensar que se lo van a dejar a los haitianos. Y mucho menos si son pobres e ilegales.

Su nicho, igualmente dañino, se encuentra en el corte clandestino de plantas jóvenes para carbón, pero en la tala a gran escala solo participan como peones.”