Sobre el diálogo entre el Gobierno y la oposición de Venezuela había tantas dudas, que en realidad no constituyó la menor sorpresa que se cerrara sin un acuerdo.

El oficialismo, que había mostrado un interés sospechoso en la negociación, sabía de antemano que no cedería siquiera un ápice en los reclamos fundamentales de las fuerzas opositoras para superar la crisis que se afianzó en 2015 con el desacato de las resoluciones de la Asamblea Nacional.

Para legitimar sus violaciones el Ejecutivo se apoyó en uno de sus más arteros tentáculos: el Poder Judicial.

Con el oxígeno que le proporcionaban aliados de la Unión Nacional del Sur (Unasur) como Argentina y Brasil, gobernados por Cristina Fernández y Dilma Rousseff, el presidente Nicolás Maduro optó por una estrategia para ganar tiempo.

En ese proceso es que entran como mediadores el expresidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, y los expresidentes de República Dominicana, Leonel Fernández, y de Panamá, Martín Torrijos, seleccionados por el expresidente de Colombia, Ernesto Samper.

Como es más que sabido, al cabo del tiempo la comisión se disolvió sin conseguir el remoto acuerdo que se proponía en torno al cual solo se conocían las demandas de la oposición.

Después de fracasar en dos ocasiones las sanciones que buscaba la Organización de Estados Americanos (OEA), Maduro sabía que tenía que apresurarse.

Con el poder en sus manos consigue que el diálogo con la oposición, que ya había celebrado algunas rondas en República Dominicana, vuelva a trasladarse a este país. Esta vez solo Rodríguez Zapatero permanecería en la comisión mediadora, que contaría con otros actores como el presidente Danilo Medina y el canciller Miguel Vargas Maldonado.

Por las presiones que suponían las sanciones de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea, así como las protestas de varias naciones latinoamericanas por las elecciones amañadas que se habían celebrado, las perspectivas de un acuerdo para la paz eran más que inciertas.

Tras varias rondas celebradas durante dos meses el diálogo se cierra sin ningún acuerdo porque el Gobierno solo decía garantizar la celebración de elecciones justas, que fijó unilateralmente para el 22 de abril, pero sin ceder en la reestructuración del Consejo Nacional Electoral, la liberación de los presos políticos y la rehabilitación de los partidos de dos de los principales líderes opositores, Henrique Capriles, y Leopoldo López, ni restituir las atribuciones suplantadas al Parlamento por la cuestionada Asamblea Constituyente.

En definitiva, la propuesta del Gobierno fue lo que en ajedrez se conoce como un peón envenenado para ver si caía en la trampa que le tendió a través de su delfín Rodríguez Zapatero.