Santo Domingo.- La Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca) advirtió que no descansará en su batalla contra la corrupción.
“Seguiremos trabajando y no descansaremos para cumplir con nuestra responsabilidad de perseguir la corrupción”, aseguró el director de la Pepca, Wilson Camacho.
Las revelaciones hechas por el mayor Raúl Alejandro Girón Jiménez deja aristas para que el Ministerio Público continúe investigando y encartando personas en la Operación Coral, por supuestos vínculos con el entramado de corrupción que habría encabezado el mayor general Adán Cáceres Silvestre, jefe de seguridad del expresidente Danilo Medina.
El Ministerio Público anunció que continuarán investigando otras personas con respecto al Caso Coral, un entramado societario que dijo operó durante la administración del expresidente Danilo M edina bajo la sobrilla del poder, ya que su propulsor fue su jefe de seguridad.
Demoledora
El mayor Girón Jiménez reveló que durante años en el Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur) se enquistó una mafia que se mantiene vigente hasta la presente administración y afirmó que el renunciante director de ese organismo, Juan Carlos Torres Robiou, fue un colaborador del coronel Rafael Núñez de Aza, alegado cerebro financiero de la red.
Según Girón Jiménez, la mafia llegó al punto de falsificar un documento de la empresa RG&S Soluciones Financieras para justificar la compra de un apartamento en la zona turística de Las Terrenas.
Se trata de un apartamento que el Ministerio Público consideró como situación en extremo sospechosa el alquiler de un inmueble registrado a nombre de la empresa Único Real State e Inversiones SRL, ubicado en El Portillo, Playa Las Terrenas Samaná, empresa investigada en la Operación Coral.
Señala que en la actualidad el referido inmueble se encuentra bajo la posesión del general de brigada, piloto F.A.R.D. Juan Carlos Torres Robiou, quien fue suspendido del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística, (Cestur), luego de que su nombre apareciera en el expediente del caso Coral.
Pedimento
La procuradora adjunta Yeni Berenice Reynoso afirmó este viernes que son más que suficientes las evidencias con que cuenta el Ministerio Público para que se imponga medidas de coerción en contra de los procesados por su vinculación a la red de corrupción desmantelada el pasado mes de abril con la Operación Coral.
El Ministerio Público solicitó a la juez de la Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional, Kenya Romero, la imposición de 18 meses de prisión preventiva y la declaratoria de complejo del caso en contra del mayor general Adán Cáceres Silvestre y Rossy Guzmán Sánchez (La Pastora).
También, contra el cabo policial Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la religiosa; el coronel policial Rafael Núñez de Aza y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
Inicialmente, la misma medida fue solicitada contra el imputado Raúl Alejandro Girón Jiménez. No obstante, luego que el imputado declarara en el tribunal de manera amplia y detallada sobre cómo operaba la red de corrupción que distrajo millones de pesos del erario, el Ministerio Público decidió variar la solicitud por arresto domiciliario.
Un apunte
Trama
Los implicados en la Operación Coral son, además de Girón, el mayor general Cáceres Silvestre, Rossy Guzmán Sánchez (la Pastora), Tanner Antonio Flete Guzmán, hijo de la religiosa; el coronel policial Rafael Núñez de Aza, y el sargento de la Armada Alejandro José Montero Cruz.
