La central termoeléctrica Punta Catalina nació con el pecado original. Desde su concepción hasta su puesta en operación está cargada de un cúmulo de irregularidades que la convierten en monumento a la corrupción administrativa del gobierno pasado, cubierto por el manto de la impunidad.

Estos vicios van desde la licitación y adjudicación del contrato por US$1,950 millones hasta los últimos días de la gestión presidencial de Danilo Medina, por la influencia de la constructora brasileña Odebrecht que confesó sobornos aquí por US$92 millones para lograr obras.

El antiguo vicepresidente de la CDEEE, Rubén Jiménez Bichara, atribuye al propio mandatario ordenar el cambio de gas natural a carbón de las dos plantas a construir para generar 720 megavatios y negociar directamente con los confesos corruptos cariocas, con quienes firmó contrato en abril de 2014.

Otras empresas foráneas que licitaron denunciaron irregularidades en su perjuicio y llevaron acciones judiciales porque ofertaron montos inferiores a los US$1,500 millones, ajustados al tope fijado en el presupuesto nacional y no se les adjudicó, todo lo cual ha generado escándalos e incredulidad ciudadana.
Ahora se revela lo que se sospechaba respecto a la sobrevaluación.

La auditoría ordenada a una firma extranjera en el actual gobierno arroja que el costo de la obra fue de US$3,500 millones, dijo el ministro de Energía y Minas, Antonio Almonte, quien entregó copias de la experticia a la Cámara de Cuentas.

Es tiempo de que este hecho de prostitución financiera, como si la planta fuese una puta, sea esclarecido suficiente y convincentemente, con régimen de consecuencias, porque no es posible que Odebrecht repartiera US$92 millones en sobornos para obras locales y la mayor esté y el caso en la impunidad.