El perjurio es el delito de jurar en falso, penalmente sancionado en Estados Unidos y en otros países desarrollados, mientras en República Dominicana no se tipifica como violación a nuestras normas jurídicas y, contrariamente, lo usual es declararse inocente.

El tema lo abordo a propósito de las tradicionales ejecuciones que comete la Policía Nacional contra ciudadanos (culpables o no de la comisión de delitos) que supuestamente participan en intercambio de disparos.

Aunque en este país elogiar al jefe policial de turno se ha convertido en profesión ventajosa, en muchos ciudadanos que hasta sugieren reconocimiento por su magnífica labor, la expresión intercambio de disparos hace mucho que es manido clisé. Y la Polícía no ha podido crear otro argumento.

Lamentablemente, nunca he visto a las máximas autoridades judiciales, entiéndase al presidente de la Suprema Corte de Justicia y al procurador general de la República, tomar iniciativas contra la Policía Nacional por los centenares de homicidios cometidos. Diariamente la Policía dispone de vidas humanas y no pasa nada, pese a que nuestras leyes no establecen la pena capital y, en todo caso, sólo los tribunales dictan las penas.

¿Cómo podemos pretender sancionar el crimen, por ejemplo, cometiendo más crímenes? Se trata de graves violaciones a las leyes. Y la población, que paga a la Policía en calidad de contribuyente fiscal, observa pasmada la pasividad que exhibe la Justicia dominicana.

Ante la indiferencia de la Justicia, hace tiempo que el Congreso Nacional, específicamente la Cámara de Diputados, debió de interpelar a los diferentes jefes policiales por las ejecuciones cometidas. Y por la propia afrenta que representa el perjurio.

Los dominicanos no les pagamos a los policías para que nos hablen mentiras.