POR: Hugo A. Ysalguez

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El Poder Judicial acusa una carencia de personal calificado en varias jurisdicciones, que impiden y limitan una administración de justicia eficaz, y una preocupante deficiencia en los servicios que presta a los usuarios del sistema. Y no se vislumbran soluciones inmediatas.
La Suprema Corte de Justicia, que goza de autonomía presupuestaria, no cuenta con los recursos suficientes para enfrentar la situación, pues el Poder Ejecutivo viola la ley que le asigna una significativa proporción económica de la Ley de Gastos Públicos.

Se requiere del nombramiento de unos trescientos jueces para ocupar plazas en distintos tribunales en todos los Distritos Judiciales del país, a los fines de corregir el entaponamiento de los expedientes, lo que está provocando una justicia tardía, que a su vez se convierte en una injusticia. También se necesitan el funcionamiento de más de cien juzgados de distintos grados.

Los magistrados del orden judicial de las provincias de Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez y Valverde no tienen abogados ayudantes, que coadyuven a lograr un óptimo rendimiento en las labores judiciales, principalmente en la elaboración de proyectos de sentencias. También se necesita empleados en los Registros de Títulos en casi todo el país. Es difícil obtener con prontitud una certificación del estado jurídico de un inmueble, un duplicado por pérdida de un certificado de titulo, ejecución de una sentencia de adjudicación, entre otros. Esa área judicial constituye un camino pedregoso que causa muchas irritaciones.

Donde la situación es calamitosa y las dificultades abundan por doquier es en la Jurisdicción Inmobiliaria del Distrito Nacional. Allí funciona los que muchos abogados denominan “La Máquina del Tiempo”, dado la lentitud y la dejadez de un apreciado número de servidores públicos.