SANTO DOMINGO.- El desacato de la Procuraduría General de la República a la sentencia del Tribunal Constitucional, que ordenó el cese inmediato del uso de la denominación “Operación Medusa / Caso Medusa” tanto en los tribunales como en los medios oficiales y públicos, así como la no corrección de la acusación, motivó que este miércoles distintas defensas técnicas solicitaran la nulidad de la acusación ante el Segundo Tribunal Colegiado del Distrito Nacional, órgano apoderado de conocer el juicio de fondo del caso.

La solicitud de nulidad se fundamenta en que la Procuraduría desacató y desobedeció la sentencia TC-05-2022-0174, del 30 de abril de 2025, que le ordena retirar y corregir la acusación depositada conforme a la normativa procesal penal y a la orden constitucional.

Por el contrario —según expusieron los abogados—, el Ministerio Público se ha colocado por encima de la ley y de los tribunales, manteniendo durante casi 10 meses una acusación que contiene el término prohibido en 12,745 ocasiones, repitiéndolo en cada una de sus páginas, pese a tratarse de una sentencia firme y de obligatorio cumplimiento.

Las defensas aclararon que la solicitud no busca dilatar el juicio, sino, por el contrario, forma parte de las más de 25 violaciones al debido proceso que —afirman— han intentado denunciar durante más de cinco años que lleva este proceso, contados desde el impedimento de salida ilegal del 25 de noviembre de 2020, atribuido a la misma Procuraduría.

Recordaron que, durante este tiempo, todos los tribunales han destacado que el exprocurador Jean Alain Rodríguez y las demás partes no han dilatado el proceso, lo que refuerza —según dijeron— la necesidad de que cualquier desenlace se produzca con estricto apego a la Constitución y no bajo lógicas de exposición mediática.

Finalmente, las defensas explicaron que este desacato reiterado ya fue debatido y decidido en sede constitucional, donde se reconoció de manera definitiva que dicha violación afecta directamente la imparcialidad de los jueces, así como la dignidad humana y la presunción de inocencia de las personas imputadas, razón por la cual se ordenó el cese inmediato del uso del mote.

Advertencias sobre uso de motes ignoradas

Las defensas recordaron que, ante la persistencia del desacato, el presidente del Tribunal Constitucional, magistrado Napoleón Estévez Lavandier, durante su discurso de rendición de cuentas del 23 de enero, reiteró públicamente —y en presencia de representantes de la Procuraduría General de la República— la obligación de acatar dicha sentencia.

Pese a este llamado institucional expreso, el incumplimiento continúa. Advirtieron que esta conducta no solo representa un irrespeto institucional al máximo órgano de la jurisdicción constitucional, sino que compromete gravemente el debido proceso, la independencia judicial y la confianza ciudadana en la administración de justicia.