La Confederación Nacional del Transporte (Conatra) propuso este viernes al Gobierno que aplique aumentos a los combustibles para que de cada galón se destine 50 centavos para los damnificados del terremoto de Haití.

En tanto, Ramón Pérez Figuereo, de la Central Nacional de Transportistas Unificados (CNUT), calificó como un disparate la propuesta y rechazó la aplicación de cualquier gravamen a los carburantes.

Antonio Marte, de Conatra, explicó que por esa vía el Gobierno recaudaría en la semana dos mil millones de pesos, que se destinarían directamente a ayudar a los haitianos.

Manifestó que el buró ejecutivo de Conatra aprobó ayer el aumento en los combustibles como una forma de que el sector transporte aporte a la tragedia que afecta el vecino país.

Dijo que los transportistas de pasajeros mantendrán congelados los precios de la tarifa hasta que los sindicatos estén dialogando con el Gobierno que busca mejorar las condiciones de ese sector.

En tanto, Pérez Figuereo expresó que al margen de la tragedia en Haití en la que todo estamos comprometidos, y los sindicatos tenemos que aportar de manera directa agua, alimentos, medicinas, pero no favorecemos alzas en los combustibles porque perjudicaría más a la población.

Agregó que el Gobierno lo que tiene que hacer es revocar los aumentos que aplicó a los combustibles para que el pasaje vuelva a bajar al precio y se cotice igual que hace dos semanas.

Juan Hubieres, presidente de la Federación Nacional del Transporte la Nueva Opción (Fenatrano), no quiso opinar sobre la propuesta que hizo Conatra, e informó que ya el comité ejecutivo del gremio aprobó donar sangre en la Cruz Roja Dominicana.

Indicó también que Fenatrano puso a disposición de Salud Pública, Defensa Civil y el Cuerpo de Bomberos, parte de la flotilla vehicular para trasladar al persona hacia Jimaní o Puerto Príncipe, como una manera de contribuir a paliar la tragedia que afecta a la población haitiana.

El presidente de la CNTU abogó porque el Gobierno proceda a cumplir con los acuerdos firmados entre los transportistas y las autoridades el 3 de julio del 2008, y cuyo mediador autorizado es el ingeniero Diandino Peña, director de la Opret, no Ignacio Ditrén.