El diputado por Santiago, Ulises Rodríguez, reclamó hoy la intervención de la Procuraduría General de la República, en torno a los 637 millones 420 mil pesos que la empresa Dream Casinos dejó de pagar al Estado dominicano por concepto de impuestos.

El legislador justificó la intervención del Ministerio Público alegando que fue adrede que a los ejecutivos de Dream Casinos no los notificaron sobre el pago de los impuestos, con la intención de que perimiera el plazo para honrar esos compromisos.
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Ahí hay un delito flagrante que la Procuraduría debe investigar. Debe determinarse con precisión si se trató de negligencia o de una componenda», sostuvo el legislador del Partido Revolucionario Moderno (PRM).

Un Apunte

Justicia
En marzo del 2016 La jueza del Séptimo Juzgado de la Instrucción del DN envió a juicio de fondo al ítalo-canadiense Antonio Carbone, acusado de mandar a matar al gerente general del Dream Casinos, Fernando Arturo Báez Guerrero.

Dijo que su petición debe alcanzar también a la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), organismo que debe hacer una investigación interna para determinar si algunos de sus empleados o funcionarios forma parte de la componenda.

Los representantes de los casinos Dream solicitaron a principios de noviembre a la DGII la prescripción de la millonaria deuda impositiva dejada en el país, tras haber cumplido los tres años que permite el Código Tributario para prescribir.

El Nacional tiene copia de al menos una de varias solicitudes a Impuestos Internos por Edward Zbigniew Kremblewski, en representación de Andrew Pajak, con respecto a las deudas generaron los casinos que manejaba la empresa entre los años 2014 y 2015.
Sin embargo, ayer una fuente de la entidad dijo que realizaban los trámites internos para el cobro de esa deuda y aseguró que la misma no había perimido y garantizó ese cobro. «Esta vez chocaron con una pared y tendrán que pagar», dijo la fuente.

La deuda correspondiente a los impuestos de casinos, máquinas tragamonedas y bancas deportivas, durante el tiempo que esa empresa, propietaria de dos canadienses operaba alrededor de una docena de casinos en el país.

Los artículos 21, 22, 23, 24 y 25 de la Ley 11-92 del Código Tributario hace referencia a la prescripción, acción que priva al Estado dominicano de la posibilidad de exigir el pago de tributos adeudados.

Casinos Dream quebró a finales de 2014 en medio de un escándalo internacional, tras descubrirse una estafa hecha supuestamente por los hermanos canadienses Francesco y Antonio Carbone, a uno de los inversionistas más importantes de Canadá Michael Degroote, quien se dice entre 2010 y 2014, invirtió alrededor de 112 millones de dólares para negocios en juegos de azar en República Dominicana, pero no le reportaron las ganancias.