SANTO DOMINGO.- La Asociación de Jueces Dominicanos para la Democracia (Judemo) llamó al Consejo del Poder Judicial a empoderarse de la demanda para que se asigne el 2.66 % del Presupuesto del Estado a ese sector, que no ha puesto en funcionamiento 98 tribunales creados por ley, debido a precariedades financieras.
La entidad, presidida por la jueza Rosalba Garib Holguín, calificó de inexcusable el irrespeto a la autonomía presupuestaria de ese poder estatal.
“Resulta inexcusable el irrespeto a la indicada autonomía, pues resquebraja la institucionalidad e independencia judicial, la cual comporta seguridad jurídica, ese clima cívico de confianza en el ordenamiento jurídico, esa estabilidad, fundada en normas razonables de previsibilidad que es presupuesto de los estados democráticos y que supone por vía de consecuencia la seguridad ciudadana”, expresa Judemo en un documento.
La entidad entiende que es imprescindible que el Consejo del Poder Judicial encabece las acciones de tipo legal que se están gestando, a través de los canales regulares, como aval de la lucha emprendida por el conglomerado de jueces, para que la aprobación de la partida presupuestaria se haga sujeto.
Añade que el propio Tribunal Constitucional se ha pronunciado en sendas decisiones, y cuyo precedente es vinculante a todos los poderes públicos señalando, “entre otros aspectos, que la referida autonomía garantiza una esfera libre de controles e injerencias del Poder Ejecutivo, y lo eximen de la posibilidad de verse supeditado a la influencia que en determinado momento pueda ejercer el Poder Ejecutivo sobre sus decisiones, utilizando el presupuesto como mecanismo de presión”.
Señaló que el 96.75 % de la asignación al Poder Judicial es destinada a cubrir gastos corrientes y que existen 98 tribunales creados por ley, sin que hayan sido puestos en funcionamiento por la precaria situación financiera del Poder Judicial.
“Esto resulta inquietante y hasta bochornoso, cuando se trata de uno de los poderes del Estado, no de una dependencia estatal. Es momento de darle a la justicia el sitial relevante que le reconocen la Constitución y las leyes”, precisó.
Entiende que el Estado debiera ser compromisario de que sean abolidas esas precariedades, para que sea reflexivo del impacto que esto genera en el desarrollo del sector justicia, “pues no contar con recursos materiales impide una administración de justicia en condiciones dignas, lo cual resulta cuestionable y repercute de manera inapropiada en la percepción ciudadana, la cual aspira a una justicia oportuna”.
