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Piden más apoyo del Estado a la frontera

Piden más apoyo del Estado a la frontera

Directivos del CCDF explicaron en el almuerzo del Grupo de Comunicaciones Corripio el alcance de la ley de desarrollo. Figuran desde la izquierda Paloma Labour, José Alfredo Corripio, Erodiz Díaz, José Monegro, José Olivo y Alicia Reyes. José de León

El director ejecutivo del  Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo estimó que si el Estado no asume el compromiso con el desarrollo de las siete provincias fronterizas  beneficiadas con la iniciativa, esta no dará los resultados buscados, como pasó con la antigua ley 28-01, que en 20 años de vigencia no logró los objetivos deseados.

Erodis Díaz estimó que la ley 28-01  no logró sus objetivos porque no hubo un compromiso político, ahora, observó, se ha producido un cambio del compromiso del Estado con la frontera, por lo que entiende que la nueva ley 12-21, sí puede lograr que los inversionistas, tanto nacionales como extranjeros se ubiquen en su litoral.

Esto, porque la  nueva ley ha duplicado los incentivos a los inversionistas, que por 30 años estarán exonerados del pago de impuestos. Esto daría como resultado que el único beneficio de las comunidades serían los puestos de trabajo creados, debido a lo cual, en la nueva ley se estableció lo que se ha denominado Plan de Compromiso Social, en el cual las empresas asumirán la solución de problemas comunitarios.

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Díaz, explicó que el cumplimiento de esos compromisos sociales serán evaluados cada 10 años y que a partir de los resultados de su cumplimiento, las empresas  podrán o no seguir disfrutando de las ventajas impositivas otorgadas por la ley.

Trabajo anónimo

Díaz  participó como invitado al almuerzo semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio, acompañado de  Paloma Labour,  del Departamento Jurídico; José Olivo, del Departamento de Incentivos y Fiscalización y Alicia Reyes, del Departamento de Planificación y Desarrollo.

En su intervención Díaz dijo que el organismo que dirige, a su llegada al mismo, era poco conocido, incluso por las mismas empresas beneficiadas de los incentivos que aporta.

Sin embargo, pese a que reconoció que la anterior ley de incentivo para el desarrollo fronterizo no logró sus objetivos, creó las bases para que la actual ley sí lo haga, debido al compromiso político asumido por el Estado en esa dirección.

“Cuando llegamos a la institución, apenas, habían unos 8 mil empleos, creados en 20 años. Sin embargo, a medida que los incentivos se han ido fortaleciendo, hoy día podemos hablar de 12 mil puestos de trabajo”, dijo.

Citó que 82 empresas operan en las siete provincias fronterizas, que son Independencia, Elías Piña, Pedernales, Baoruco, Montecristi, Dajabón y Santiago Rodríguez, con una   inversión de esas empresas ha sido estimada en 65 mil millones de pesos.

Para que se instalen en esa zona han recibido una   exención de 100 % al pago de Impuestos sobre la Renta, del pago de aranceles e ITBIS sobre maquinarias y equipos, del ITBIS para la adquisición e importación de insumos y materia prima,  y  del pago del arancel para la importación de insumos y materias primas entre otros. Esto implica para el Estado un sacrificio fiscal de 600 millones de pesos al año.

Cómo opera

El Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo (CCDF), no está operando como quisiera. Tiene la vocación para hacerlo, pero no tiene el respaldo presupuestario  que necesita, dijo.

 Díaz explicó que el presupuesto anual del CCDF, es de 80 millones de pesos.  Tiene 109 empleados. Opera en tres oficinas, en Santo Domingo, Santiago y Montecristi, pero aspiran a tener una en cada una de las  provincias fronterizas. Esto así porque cada provincia tiene sus características particulares.

Ocurre que  las provincias del norte de la frontera tienen un desarrollo mayor, reciben  más inversiones que las provincias de la frontera sur. Para equilibrarla se debe trabajar en la construcción de obras de infraestructuras y que   exista una mayor conectividad en el sur.

Díaz opinó que  el desarrollo del fideicomiso de Pedernales, permitirá que otras empresas decidan acogerse al mismo, generando mayores niveles de empleo, pero que al mismo tiempo otras se acojan a los incentivos fiscales existentes en la ley  12-21.

Aclaró que una empresa no puede acogerse a los dos regímenes de incentivos al mismo tiempo. O el fideicomiso o la ley 12-21. No ambas.

El otro problema es la carencia de mano de obra especializada. La aspiración es que se formen con personas provenientes de las mismas provincias donde se instalarían las empresas. Para ello se han llegado a acuerdos  con varias universidades, así como con el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (Infortep). La idea es fortalecer el banco de empleos, de manera que la formación de los recursos humanos se haga de acuerdo a las necesidades particulares de cada empresa.

Responsabilidad social

Los directivos del Consejo de Coordinación de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo hicieron énfasis en que  el no pago de impuestos por parte de las  empresas que se instalen en las siete provincias fronterizas, debe ser compensado con un Plan de Responsabilidad Social, dirigido a sectores particulares de las comunidades. Este plan de Responsabilidad Social abarcaría diversos aspectos como son salud, educación, vivienda, deportes y  recreación.

Ese Plan  sería evaluado cada 10 años  para establecer cuáles han sido los resultados a favor  de las comunidades. De acuerdo a los resultados de esa evaluación, se determinará si continúa la vigencia o no de los incentivos de que gozan esas empresas. La responsabilidad social de las empresas será acompañada por obras de infraestructuras básicas construidas por el Estado.