Juez José Alejandro Vargas pondrá a circular libro Medidas de Coerción Personal durante una entrevista en el Periódico Hoy de Santo Domingo República Dominicana. 2 de mayo del 2016. Foto Pedro Sosa
El juez coordinador de los Juzgados de la Instrucción, José Alejandro Vargas, exhortó ayer a las instituciones a pagar las deudas contraídas para evitar que acreedores traten de cobrar reteniendo bienes del Estado que afecten a la sociedad.
El magistrado Vargas hizo la advertencia al poner en libertad a un abogado acusado de embargar con una acto de alguacil falso tres camionetas y un equipo de medición de presa al Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI) por una deuda de 368 mil pesos con un suplidor de materiales de oficina.
Vargas dispuso libertad pura y simple al abogado Julio Cabrera Brito y del guardián de los vehículos embargado Pastor Pérez Marte, luego que llegaran a un acuerdo en que los imputados se comprometieron a entregar las camionetas retenidas y el INDRHI a pagar la deuda contraída.
“Yo siempre he dicho, cuando se debe hay que pagar. Usted se imagina que una persona por una deuda se apodere de un equipo de un acueducto y nos quedemos sin agua, o que venga alguien porque le deban y aproveche la única ambulancia que tiene el Darío Contreras y se la lleven”, reaccionó.
El juzgador cree que aunque el Estado es inembargable, se deben establecer mecanismo de pago para evitar situaciones embarazosas que puedan poner en riesgo los servicios básicos de la ciudadanía.
Vargas a bogó por una política de continuidad de Estado, para que cuando haya cambio de gestión, las nuevas autoridades asuman el compromiso de pagar la deuda contraída por su antecesor.
“Si usted va a una cafetería y come usted paga, porque se benefició de un servicio, sí le fían usted tiene que pagar, porque eso lleva a la desesperación. A mí me sorprendió una factura que hay ahí desde el 2009 no se haya pagado. Tenemos que evitar eso”, aconsejó el juez de la Instrucción.
La abogada del INDRHI, Ramona García dijo que buscaron llegar a un acuerdo con la deuda, pero que los imputados embargaron un monto de casi 5 millones de pesos por una deuda de 368 mil pesos.
El imputado estuvo representado por los abogados Sixto García y César Mejía, quienes saludaron la decisión.
El juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional también declaró extinguida la acción penar contra los dos imputados.
