El Banco Mundial, la Superintendencia de Electricidad, ejecutivos de EdeSur y el Procurador General Adjunto para el Sistema Eléctrico plantearon este martes que los casos de fraudes eléctricos sean llevados a la justicia con el nombre y apellido de quien los cometa, y no manejarse con discrecionalidad, porque la ilegalidad volvería a repetirse.

Plantearon que en el caso de EdeSur, se pierden US$9.5 millones, igual a RD$350 millones al mes y RD$4,218 millones al año, mientras las distribuidoras pagan por reclamaciones a usuarios un promedio de RD$183.5 millones al año. Este año el monto pagado asciende a RD$83.3 millones.

Francisco Méndez, superintendente de Electricidad, ofreció cifras de lo que en los últimos seis años se pagó a usuarios por reclamaciones a las distribuidoras, que fueron RD$1,101.09 millones en el período del 2004 hasta el 2010.

Méndez, junto al procurador General Adjunto para el Sistema Eléctrico, Moisés Ferrer Landrón, dijo que la política para combatir el fraude bajo la ley 186-07, debe ser la de someter a la justicia a quienes realizan esa práctica, y no manejar los casos de manera discrecional.

Los dos coincidieron en la necesidad de que las distribuidoras arrecien las demandas en los tribunales contra los infractores de la Ley que penaliza el robo de energía.

La CDEEE inició el proceso de enviar a la justicia los casos de fraudes eléctricos con el caso de la conexión ilegal en Plaza Central, y su vicepresidente ejecutivo, en cuyo caso Celso Marranzini, dijo que no negociarán con sus directivos.

Mientras el experto del Banco Mundial, Pedro Antmann, llamó al gobierno a controlar lo que llamó «circuitos corruptos», al opinar que la telemedición del consumo eléctrico puede ayudar a bajar las pérdidas en las distribuidoras y citó que todos los modelos de reducción de pérdidas pueden ejecutarse en la República Dominicana.