El reciente escándalo del reparto de las cabañas del Residencial Jarabacoa confirma la podredumbre y la práctica del soborno oficial.

Igual el destino de la ex-propiación de los bienes incautados a narcotraficantes.

Pero todo eso se queda chiquitico al compararlo con la apropiación y redistribución como dice el ambientalista Luís Carvajal- del territorio nacional en favor de la vieja oligarquía y los nuevos grupos económicos, articulados al cohollo las de los partidos gobernantes.

Las vías para consolidar viejas fortunas y posicionar las nuevas son fundamentalmente dos: los megaproyectos urbanos y las concesiones mineras en terrenos con vocación turísticas.

En la Capital sobresale la venta (mas bien regalo) a un poderoso grupo oligárquico del puerto de Santo Domingo y de la Base Naval de San Souci, así como la detenida isla artificial, la Marina de Guibia, la privatización de la Plaza Juan Barón y del Parque Hostos, la urbanización de los Humerales del Ozama y el helipuerto del Malecón.

Pero todavía esto se queda corto frente al uso perverso de la ley de minería 146-71 para la apropiación de terrenos públicos y comuneros en todo el territorio nacional.

La Dirección de Minería -además de conceder licencias de exploración y explotación minera propiamente dichas, y de hacerlo a favor de consorcios dedicados a la minería química a cielo abierto- que en casos como Pueblo Viejo, Dajabón y El Higo (todas con la Barrick Gold en el centro) provocarán una enorme tragedia ambiental, se ha constituido en instrumento para disfrazar de concesiones mineras el reparto de territorios costeros y áreas de inmenso valor futuro, siempre a favor de grandes capitalistas de viejo y nuevo cuño.

La asignación de terrenos a magnates privados por esa entidad oficial abarca ya el 64% de la costa del país y el 84% de la costa con valor turístico, y curiosamente los adquirientes no tienen nada que ver con el negocio de la minería y si con el de la especulación inmobiliaria.

Es lógico suponer que los que reparten esos predios desde el gobierno comparten las riquezas y beneficios que generan esas trampas, conformándose así una claque que ejercer el poder como negocio, se apropia del Estado y del territorio nacional.

Claro está, que si no creamos contrapoder para tirar al vertedero a esa claque, nos seguirán engullendo sin piedad. ¡A las calles, pues, antes de que sea demasiado tarde!