En un análisis de la situación económica, la discriminación social que existe en el imaginario democrático de nuestros países, determina que las mujeres, mitad del país, con el impacto de los programas de austeridad que se aplican, sean más afectadas que a los hombres.

Demasiado conocido es que las estrategias de combate a los vaivenes de la economía internacional y nacional, de los gobiernos, son de austeridad, pero en la desigualdad del género también la clase, la etnia y un gran etcétera- que no afecta a grupos de poder económico, eclesial y de poder en general. (¡No vale la pena dar ejemplos porque en este punto, las personas lectoras tienen varios en mente!).

Las políticas de ajuste estructural, generan dificultades en los precios de los productos básicos, comestibles y no comestibles, salarios bajos reducidos por la inflación, pocas contrataciones formales y crecimiento del trabajo informal, poca respuesta a la seguridad social, desestabilización y una disminución de la esperanza deprimente para la población.

Nuestro país, de acuerdo al Banco Mundial, tiene una población de alrededor del 42%, que es pobre y un 16%, que vive en la indigencia, siendo uno de los grupos más afectados, el de las jefas de hogar, más vulnerables que los hombres, porque ganan un 50% menos en los empleos que ellos, les es más difícil encontrar un empleo, un 25% de mujeres están desempleadas, tienen menor acceso a la educación y a la salud, evidente en las cifras de mortalidad materna, con una proporción altísima de 150 muertes por cada 100.000 nacimientos vivos.

De acuerdo al Informe preparado por el Foro de Mujeres por la Reforma Constitucional, en marzo del año pasado, para la Ley General de Salud, No. 42-01, de marzo de 2001, de la R. Dominicana, las mujeres somos consideradas junto con los/as menores, personas adultas mayores y discapacitadas, como grupo prioritario y al respecto, el artículo 30 de esta ley señala que, para fines de salud y condiciones de vida, se consideran grupos prioritarios las personas en y por debajo de la línea de pobreza, dentro de los cuales, sin desmedro de los derechos a la salud establecidos en la Constitución de la República, se les debe dar prioridad a las mujeres, con mayor énfasis a las mujeres en estado de embarazo, los niños y niñas hasta la edad de 14 años, las personas ancianas y las discapacitadas. La condición de grupo prioritario, por lo tanto, implica una mayor inversión en salud para los mismos.

Por lo tanto, cualquier plan de austeridad y tributario, como el que cursa en el Congreso Nacional, debe aplicarse con equidad, balanceando diferencias porque las dominicanas, ¡hace mucho que llevan la carga más pesada!