Josefina Jiménez es una madre soltera con siete hijos y por demás pobre de solemnidad. Vio, como popularmente se dice, el cielo abierto cuando le entregaron una estufa, una lavadora y sobre todo, algo con lo que soñaba hacía mucho: una cama.

Quizá en la Capital, para algunos, esto no sea mucho pero para ella, según traslucen sus gestos de agradecimiento y alegría, cuando el director del Plan Social de la Presidencia, Emigdio Sosa, le hacía entrega lo era todo.

Sin saberlo pasó a engrosar el listado de los centenares de miles de dominicanos en condiciones de pobreza extrema que, a lo largo y ancho de los 48 mil kilómetros cuadrados de esta media isla, resultó beneficiaria del brazo asistencial del gobierno presidido en tres ocasiones por el doctor Leonel Fernández.

Al igual que ella cientos de familias de escasos recursos también fueron beneficiadas ese día con la entrega de alimentos, mobiliario para el hogar como estufas con sus tanques para gas, televisores, lavadoras y abanicos, así como gestiones para costearles afecciones de salud.

Pero esta jornada de entrega de ayudas en Las Yayas, una comunidad agrícola de la provincia Azua, cuyos habitantes son en su mayoría de escasos recursos económicos, se inscribe dentro de las tantas realizadas por el Plan Social en su cotidiana labor de peinar los bolsones de miseria que desafían los aires modernistas de la actual gestión del Partido de la Liberación Dominicana.

Desde la acera de enfrente, en los partidos de oposición, con frecuencia se lanzan los dardos del ataque sobre los motivos y objetivos reales del auxilio que presta el Plan Social a la población.

Algunos lo ven como una especie de clientelismo disfrazado que en el fondo lo que persigue es adjudicarse el favor y la adhesión política de los beneficiarios.

Cuando a Emigdio Sosa le señalan esto último, se pone serio y haciendo galas de los recursos que una vez lo llevaron a impartir cátedras universitarias, responde:

-Estos son operativos que hacemos durante todo el año; así lo hemos hecho desde el primer gobierno del presidente Leonel Fernández y para evitar precisamente eso de que subyacen intenciones políticas, aquí se beneficia a todo el mundo.

Nunca le preguntamos a nadie de que partido es por quien votó o va a votar. Nuestra misión es ayudar al pobre en su pobreza, sin importar afiliaciones o banderías políticas.

En vísperas de cada entrega se corre la voz en la comunidad que será depositaria. Los necesitados so consultados respecto a lo que le hace falta. Si una nevera, una cama, abanico, estufa o tanque de gas, etcétera.

Su respuesta es inscrita en un listado con el número y copia de su cédula y su sitio de residencia a fin de establecer un control y garantizar que durante la entrega sea la persona beneficiaria y no se produzcan confusiones y mucho menos engaño.

Al día siguiente, en ordenadas filas, las personas acuden a recibir el donativo que, de ordinario, lo encabeza el director del Plan Social junto a una comisión de auditores en representación de la Contraloría General de la República, quienes levantan acta.

Esta rigurosidad se extiende a los alimentos y artículos que el Plan Social adquiere para su distribución en la población.

Lo primero es convocar a una licitación pública y una comisión de compra supervisada escoge la mejor oferta.

Cada una de las entregas del Plan Social se realiza siguiendo un patrón de orden preconcebido. Para ello se toma como base el Mapa de la Pobreza elaborado por la Oficina Nacional de Estadísticas y además se echa mano de los datos que arroja el más reciente censo de población y vivienda.

De acuerdo a las explicaciones de Emigdio Sosa, aunque en el Distrito Nacional y la provincia Santo Domingo figura el mayor porcentaje de familias e individuos pobres, dado el crecimiento desigual entre la zona urbana y la rural, el grueso de indigentes con los que el Plan Social trabaja se encuentra en la región sur en comunidades como Elías Piña, establecida como la número uno en cuanto a situación de miseria.

Esto no quiere decir que descuidamos los barrios marginados ubicados en la periferia de la ciudad capital, pero damos preferencia a estas zonas sureñas, al igual que a los bateyes, porque está reconocido que son las zonas más vulnerables por los limitados o inexistentes ingresos de muchas de sus gentes y padres de familias, muchos de ellos desempleados, señala.

En su agenda de prioridades el Plan Social ha colocado el ataque a la situación de marginalidad que se ha agravado entre los pobladores cercanos al lago Enriquillo, afectados por las inundaciones al escapar el agua de sus cauces.

Canoa, en la provincia Bahoruco y vecina a Jimaní, es objeto de una atención permanente en cuanto a la distribución de alimentos por resultar la más afectada con las inundaciones hasta el momento.

A las afueras de esta comunidad se observa un claro y hombres en plena faena haciendo desmontes en labores de preparación del área hacia donde la población pudiera ser trasladada en caso de un agravamiento del problema.

El Plan Social, señala Sosa, no es sólo alimentos y entrega de electrodomésticos. Es mucho más.

Este organismo dispone de una Unidad de Ayuda Hospitalaria donde se canalizan los financiamientos de medicinas, intervenciones quirúrgicas y equipos a los centros hospitalarios del Estado.