La pobreza, compleja desde su nacimiento, hay que observarla y analizarla como un problema de carácter social y económico. Y estamos ante deprimente escenario cuando notamos, con evidente facilidad, que un individuo o una familia no poseen los bienes o ingresos necesarios para cubrir la canasta básica alimentaria. Más aún, cuando padece de privaciones de salud, educación, trabajo, vivienda, nutrición, ropa, y otras. Lo que significa entonces, desafortunadamente, que la calidad de vida de esas personas resulta paupérrima.

Aunque el corrupto y el corruptor no lo perciban, la corrupción es uno de los factores que más alimenta el germen de la pobreza. Eso es totalmente cierto. Lo que significa entonces que la corrupción es una fuente maliciosa generadora de pobreza. Y acontece que la pobreza, a su vez, atiza los fenómenos de la delincuencia y la violencia social. De manera que estamos ante la presencia de un cuadro altamente peligroso para cualquier sociedad.

Definitivamente que la corrupción administrativa, provocada por la ambición desmedida del hombre, en su afán de enriquecerse de la noche a la mañana, pasando por alto las consecuencias objetivas y reales que en términos económico, social y político afloran ante tan repudiable acción, tiende a fortalecer el cordón umbilical de la desigualdad y la pobreza.

La verdad es que si nosotros logramos detectar e impedir que la cantidad de dinero del erario público que va a parar a las manos de algunos funcionarios o empleados inescrupulosos, es decir, a los bolsillos de servidores públicos, exhibidores de una conducta inapropiada, sean estos poseedores de cargos de alto nivel, de confianza o de estatutos simplificados, le haremos un excelente servicio al Gobierno para que entonces pueda duplicar o triplicar, de manera efectiva y transparente, la inversión en políticas sociales que ataquen de frente a la exclusión social.

Es tarea obligada de todo gobierno hacer que la riqueza pública jamás vaya a parar a las manos de particulares; y más cuando son recursos públicos destinados para coordinar, proyectar, evaluar y ejecutar programas de políticas públicas, de carácter social, encaminadas a la consecución de objetivos específicos, los cuales conduzcan a la confrontación de los conflictos sociales que por décadas existen en nuestra sociedad.

Finalmente, nadie pone en tela de discusión que mientras más un Gobierno democrático y liberal logre cerrar la llave de la corrupción administrativa, en ese mismo orden mucho más tenderá a disminuir, automáticamente, el auge de la pobreza.

Gracias a Dios, que precisamente esa es la señal ética que sin titubeo alguno viene mostrando al país el presidente Danilo Medina.