Está comprobado universalmente: a mayor nivel de pobreza y marginalidad, mayor cantidad de robos, violaciones, asaltos, atracos y crímenes. De igual modo, a mayor nivel de desarrollo económico, político y social, menos delincuencia y criminalidad.

No es casual que de las 50 ciudades más violentas del mundo 42 estén en América Latina, uno de los hemisferios más desiguales del mundo.

La República Dominicana es el cuarto país más inseguro de América Latina y las Américas. “Un estudio publicado en Estados Unidos por la encuesta Gallup indica que los países latinoamericanos figuran entre los más peligrosos por delante del continente africano y de Rusia”. Encabezan la lista sangrienta: Venezuela, Bolivia, Perú y República Dominicana.

Los países más seguros, de acuerdo con un ranking de organismos internacionales, son Dinamarca, Islandia, Austria, Finlandia, Nueva Zelandia, Singapur, Suiza, Canadá, República Checa, Eslovenia, Portugal, Austria y Alemania.

La ecuación es simple, repito: los países más inseguros son pobres, subdesarrollados, con una marginalidad inverosímil. En cambio, los más seguros son desarrollados, con bajos niveles de desempleo, seguridad social, educación al más alto nivel, viviendas dignas, etc. La diferencia entre unos y otros es del cielo a la tierra.

Con lo que digo no estoy descubriendo el agua tibia ni el hielo en cuadritos. Los técnicos del Gobierno, de los partidos, de la sociedad civil y de las universidades, lo saben perfectamente.
Danilo Medina podrá lanzar a las calles todos los policías y guardias, incluyendo los 20 o 25 mil destinados a la seguridad de funcionarios, diputados, senadores, coroneles, generales, embajadores, empresarios, etc., junto con sus respectivas esposas, hijos y amantes, y no podrá evitar la violencia.
Es más, el Gobierno podrá poner un policía y un militar en cada esquina, en cada hogar y ni así podrá detener los atracos, las violaciones y los crímenes. La Policía y las Fuerzas Armadas no forman parte de la solución, forman parte del problema. La corrupción, los vicios, los asaltos, atracos, violaciones y asesinatos muchas veces salen de sus propias instituciones. La población tiene sobradas razones para no confiar en ellos.

Si el Gobierno quiere combatir la delincuencia (dejando la demagogia y el mareo) tiene que reducir la pobreza. No hay otra manera.

Detener la corrupción que se lleva más de cien mil millones de pesos todos los años para invertirlos en obras de bien social; racionalizar el gasto, terminar con los subsidios de los grandes grupos económicos (más de 200 mil millones de pesos anuales); terminar con el Estado patrimonial y clientelar, elaborar políticas públicas, son tan solo algunas de las medidas que se deben adoptar.